Benjamín Domínguez Olmos
* Congresos, restituir soberanía, aprobar y fiscalizar el presupuesto
* Dependencia hacendaria de estados y municipios: D. Colmenares
* Hay 6,500 programas sociales y pobreza no disminuye: Coneval
* Participaciones estatales, fondos de libre uso: Mariana Campos
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja del Congreso de la Unión, afirmó que es necesario reivindicar a los poderes legislativos para que alcancen una mayor soberanía en sus facultades de aprobación y fiscalización de los gastos públicos.
En la apertura del ‘Foro de legisladores en materia hacendaria’, en San Lázaro, el legislador por Morena apuntó que ha sido muy larga la etapa del dispendio y del desembolso ocioso, lo que ha colocado al país en uno de los primeros lugares donde la eficiencia en el gasto público es cero o negativa.
Destacó que, una de las prioridades para superarla, será el ponerse de acuerdo sobre lineamientos que permitan ordenar el gasto público de los tres órdenes de gobierno.
En este encuentro, en la Ciudad de México, con diputadas y diputados federales y locales de todo el país, así como de senadores, se abordan medidas para ordenar el gasto público, pues el reclamo es que los Ejecutivos cuesten menos; que los Legislativos funcionen con un recurso aplicado racionalmente y que el dinero con que se sostienen los poderes Judiciales y los órganos autónomos, también sea menor, sobre todo, más eficiente.
En su intervención, dijo que se debe empezar a debatir el monto del gasto federalizado –que supera el billón 800 mil millones de pesos— y cómo dirigirlo a las áreas y sectores para llevar prosperidad, fortalecer la infraestructura, resolver las graves carencias y terminar con la enorme vulnerabilidad social y la pobreza.
Ramírez Cuellar, sostuvo que en la nueva relación de fuerzas, las entidades pueden hacer sus leyes de presupuesto antes de concluir el año, y otros reformar sus legislaciones para tener organismos de fiscalización más fuertes, para que a partir del 1 de enero del 2019, el gasto sea eficiente, vigilado, bien invertido y con resultados.
A su vez, el secretario de la Comisión, Ricardo Flores Suárez, destacó la importancia de ponerse de acuerdo en materia presupuestal, entre el Senado, Cámara de Diputados y legisladores locales, especialmente ante un nuevo gobierno que comienza en una semana, facilitando el camino para poder llevar una mejor hacienda presupuestal para cada uno de los estados y municipios”.
En su turno, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, expresó que la reunión de legisladores federales y estatales; ayudará al desarrollo de las finanzas públicas, la transparencia, y facilitará el trabajo de la ASF, al darle mayor certidumbre al revisar las cuentas, pues se tiene la oportunidad de concretar una convención hacendaria, con la participación activa del Congreso.
Un problema central, advirtió, es que las auditorías de los estados son propuestas por los gobernadores, por lo que la filiación es muy clara. “Hay gran dependencia hacendaria de las entidades federativas y de los municipios, entre otras cosas, porque el país está profundamente centralizado en el rubro fiscal. El 95 por ciento de capacidad recaudatoria es del gobierno federal, los estados tienen 4 por ciento y los municipios sólo un punto”.
Informó que en el Fondo de fortalecimiento financiero, existe mucha discrecionalidad, ya que no tiene reglas de operación, se contabiliza como gasto corriente y es muy difícil darle seguimiento. Sobre el Fondo de aportaciones para la infraestructura social, dijo que tiene reglas que nunca han tenido mucho que ver con la realidad de los estados y fórmulas centralizadas.
Colmenares Páramo, añadió que en el caso de la pasada administración de Veracruz, las sanciones no se han materializado, hay 53 denuncias penales, de las cuales algunas tendrán resultado pronto, pero “no sólo queremos castigar por castigar, sino corregir”.
Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF, expresó que este recurso representa poco más del 35 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, casi dos billones de pesos que se van a entidades federativas y municipios. De esa cifra, un billón es gasto federalizado programable y casi 800 mil millones de pesos son participaciones federales o ingresos de libre disposición.
El funcionario argumentó que si se observa cuánto del presupuesto de las entidades federativas se tiene que destinar a servicios personales, en promedio se está arriba del 19 por ciento, habiendo casos como Veracruz donde casi la mitad de su presupuesto tiene ese desembolso.
Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, propuso aprovechar la nueva dinámica política del país para hacer más eficiente el presupuesto en beneficio de todos, a través de incorporar una definición de gasto por programa homogénea entre la Federación y estados, porque se tienen diferentes definiciones.
Reconoció al Congreso su interés y rigor genuino que va a tener sobre los recursos y la importancia de gastar bien, al convocar a instituciones externas para conocer sus propuestas respecto al presupuesto.
Expresó que existen cerca de 6 mil 500 programas sociales a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno, sin embargo, poca coordinación por cuestiones políticas y pese a los crecientes recursos entregados a estados y municipios, la pobreza no disminuye, declaró.
Sugirió que de los programas prioritarios anunciados por el próximo gobierno, debe identificarse cuáles se parecen, si los maneja la Federación, estados o municipios, y qué montos federales tienen. Eso puede ser una buena guía para que el Congreso y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasignen recursos.
En su conferencia “Gasto público y la rendición de cuentas”, Mariana Campos Villaseñor, de México Evalúa, destacó que gran parte del gasto federalizado tiene que ver con las participaciones estatales, que son fondos de libre uso; que ese dinero tendría que usarse para problemas específicos; y que la nómina gubernamental crece más que la inversión y se ha salido de proporción.
Planteó la necesidad de implementar un sistema de monitoreo en tiempo real de gasto federalizado y de rendición de cuentas, en virtud de que las auditorías locales no funcionan y todo recae en la ASF.
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En la fotografía de portada: Gonzalo Hernández, Alfonso Ramírez, David Colmenares, Mariana Campos
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