Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

La igualdad y la democracia han evolucionado en la historia de la humanidad —de manera indudable— gracias a la educación. Conviene recordar que la conquista de los derechos humanos es producto de las luchas sociales; y que el derecho humano a la educación no fue la excepción, porque el conocimiento y su transmisión fueron siempre un privilegio exclusivo para quienes provenían de las élites: la monarquía, aristocracia y el clero.

Fue hasta la llegada del siglo XX, cuando el Congreso Constituyente de 1917 convirtió en política pública uno de los anhelos revolucionarios: el derecho social de la educación; y le impuso al Estado la obligación de impartirla de manera general, pública, laica y gratuita.

Pocos años después, los estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México se opusieron a la imposición de algunas disposiciones reglamentarias ordenadas desde la Secretaría de Educación Pública y exigieron de manera decidida la autonomía de la universidad, misma que fue reconocida por el presidente Emilio Portes Gil mediante un decreto publicado el 26 de julio de 1929. Es decir, hace 94 años.

El devenir histórico del ejercicio de la autonomía de la universidad de la nación no ha sido fácil ni terso. La defensa de las libertades de cátedra, investigación y expresión, así como de la autodeterminación gubernativa, ha sido motivo de conflictos y desencuentros, pero ha sido sostenida con esfuerzo y talento.

El 9 de junio de 1980 se elevó a nivel constitucional esta garantía; y nuestra Carta Magna establece en su artículo 3, fracción VII, que las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y la libertad de examen y de la discusión de las ideas.

Gracias al ejercicio responsable de la autonomía universitaria, la UNAM está considerada hoy dentro de las primeras 100 instituciones de educación superior del mundo y la primera de Iberoamérica, lo cual debe ser un orgullo nacional. La autonomía universitaria ha sido, es y deberá seguir siendo el principal factor que permita el progreso de la UNAM.

Con más de 373 mil alumnos durante el ciclo 2022–2023; a pocos días de recibir a una nueva generación de futuros profesionistas útiles a la sociedad, así como de iniciar el proceso para elegir a la persona que habrá de ocupar la rectoría los próximos cuatro años, la máxima casa sigue estando comprometida a estudiar y proponer soluciones creativas a los grandes problemas nacionales, como son la desigualdad social, la pobreza, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la destrucción del medio ambiente, la innovación y tecnología sin vinculación a las necesidades humanísticas y sociales, la crisis de la democracia, entre otros flagelos que nos aquejan.

La UNAM es una institución del Estado mexicano, al servicio exclusivo de la sociedad mexicana. Nuestra máxima casa de estudios tiene en la autonomía universitaria el principal atributo para seguir generando el conocimiento que impulse al país hacia su desarrollo.

La UNAM es también una institución que garantiza que la educación superior sea un derecho humano pleno, que transforme vidas y dote de un futuro mejor y promisorio a nuestra juventud. Defender la autonomía, es también defender la Constitución.

Como Corolario la frase del expresidente Emilio Portes Gil: “La Revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado: la autonomía de la universidad”.