Ciudad de México, 18 de septiembre de 2023.- Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) recibieron a la delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que lleva a cabo una visita de trabajo al país, del 18 al 29 de septiembre.

En la reunión participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, así como el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Roberto Armando de León Huerta.

Por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, el vicepresidente de Comunicaciones, Matthew Gillett; y la vicepresidenta de Seguimiento, Ucrania, Ganna Yudkivska.

Asimismo, la secretaria del grupo, Lucie Viersma y la oficial de Derechos Humanos, Clara Angélica García Orozco, además de Ecuador, la integrante Miriam Estrada-Castillo. De igual forma, la y el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García Campos y Ximena Ramos, respectivamente.

El grupo de trabajo tiene la tarea de investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o que sean incompatibles con normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en instrumentos jurídicos por los Estados interesados.

Recaba y recibe información de los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como de particulares interesados, sus familias o sus representantes.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración subrayó que el gobierno federal se encuentra en un proceso de revisión y replanteamiento de todas las políticas públicas en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.

En el Salón Morelos y Pavón de la SRE, Alejandro Encinas señalo: “estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional y a un año de terminar la gestión de este gobierno, queremos consolidar lo que hemos venido avanzando”.

Finalmente, el Estado mexicano refrendó su colaboración para que el grupo de trabajo ejerza su mandato a lo largo de su estancia en México, lo anterior en cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos previstas en el artículo 1º de la Constitución.