Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

La autonomía universitaria es un concepto jurídico y sociológico que establece la capacidad que tienen las universidades públicas para autodeterminar su gobierno interior y garantizar dentro de su seno la libertad de cátedra, investigación y difusión del conocimiento.

El inicio de su establecimiento data de 1929, cuando estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México se manifestaron en oposición a la imposición de algunas disposiciones reglamentarias ordenadas desde la Secretaría de Educación Pública y exigieron de manera decidida su abolición, así como se reconociera la autonomía que debería tener la universidad.

El 23 de mayo se registró un altercado entre estudiantes de las Escuelas de Derecho y Medicina entre bomberos enviados por el gobierno para disolver la manifestación que dio como resultado algunos heridos.

El presidente Emilio Portes Gil, sensible al movimiento estudiantil —que era secuela del apoyo que había tenido José Vasconcelos en su pasada campaña electoral— dispuso que el 29 de mayo fuera declarado como el Día del Estudiante y mediante un decreto publicado el 26 de julio del mismo año, promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A partir de entonces comenzó la senda que ha conducido a que cada vez haya más universidades públicas dotadas de autonomía para cumplir con los fines sustantivos que tienen encomendadas estas instituciones de educación superior tan indispensables para el desarrollo de la nación: docencia, investigación y difusión cultural.

El reconocimiento de la autonomía no ha sido una conquista exenta de ataques o contratiempos. En 1933, cuando se comenzó a discutir la idea de establecer que toda la educación que impartiera el Estado debería estar orientada hacia el socialismo, la universidad la hizo valer y defendió los principios de la universalidad de las ideas y el respeto a las libertades de conciencia, pensamiento y expresión.

De nueva cuenta, en 1968, el rector Javier Barros Sierra encabezó la lucha por el respeto de la autonomía universitaria frente a la incursión del Ejercito a Ciudad Universitaria y la represión estudiantil que llegó a tener su peor momento en la matanza de Tlatelolco.

En 1980, a través de una reforma constitucional al artículo 3°, se protegió desde nuestra Carta Magna este baluarte fundamental de la educación pública superior: la autonomía.

Desde hace 95 años, nuestra máxima casa de estudios cuenta con las facultades suficientes para ser —sin pretensiones de ningún tipo— la conciencia crítica de la nación y a constituirse como el más importante ejemplo de desarrollo institucional educativo del país.

Estos presupuestos básicos para la libertad de la universalidad de las ideas deben de ser empleados siempre con un alto sentido de responsabilidad y prudencia, pero nunca dejar de ejercerse.

La juventud en edad de votar representa un tercio del padrón electoral —ahí la importancia de su participación— y tiene el derecho y la responsabilidad de acudir de manera informada a las urnas a votar, a ser votado o bien, formando parte del cuerpo ciudadano que organiza la jornada electoral.

En la próxima elección —la más grande de la historia de nuestro país— la comunidad universitaria debe tener una participación ciudadana muy comprometida con la democracia. Sin importar quién resulte electa, el respeto a la autonomía de las universidades públicas debe ser garantizado, puesto que de su ejercicio responsable depende en gran medida el futuro desarrollo de México.

Como Corolario, la frase de Emilio Portes Gil: “La Revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado: la autonomía de la universidad”.