Juan Carlos Sánchez Magallán

El barón de Montesquieu, cuyo nombre completo era Charles-Louis de Secondat, fue un filósofo y jurista francés del siglo XVIII, que pasó a la historia. Montesquieu propuso que para evitar la concentración del poder y proteger las libertades individuales, el poder político debe dividirse en tres ramas independientes: el Poder Legislativo, para creación de leyes. El Ejecutivo, para hacer gobierno y administración, y el Poder Judicial, encargado de interpretar las leyes y administrar justicia.

La teoría de Montesquieu fue revolucionaria, porque propuso un sistema de equilibrio y control entre las diferentes ramas de gobierno, evitando así que una sola persona o grupo acumulara demasiado poder. Esta idea influyó significativamente en la redacción de muchas constituciones modernas, incluyendo la de los Estados Unidos y desde luego México. (historia.nationalgeographic.com)

Esto como antecedente de cómo, el 1 de enero de 1995, Ernesto Zedillo de manera autoritaria cerró durante tres meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de “jubilación inmediata” separó de su cargo a los 26 ministros que la integraban. Entonces nadie dijo nada, ni los senadores del PRI o del PAN, claro plegados al poder, cómo le reclamarían, si por el contrario, ellos, los de la cúpula designaban a sus “compromisos” junto con los recomendados del “señor de Los Pinos”, a eso se le denominaba “los acomodos del poder”.

La justificación política fue que Zedillo no quería una Corte integrada por ministros nombrados por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, entre los que sobresalieron Ulises Schmill Ordóñez, Mariano Azuela Güitrón, Clementina Gil, Irma Cué Sarquis, Martha Chávez Padrón, Anastasio González Martínez (nombrado por Luis Echeverría) y Diego Valadés Ríos. Este último dando entrevistas con ideas conspiracionistas, como la de apoderarse de los 220 mil millones de pesos de la reserva federal del Banco de México. Siguen con tremendas jubilaciones, algunos nombrados por tres meses, para luego dobletear con las de otras instituciones públicas, privadas o académicas.

En Estados Unidos, los integrantes de la Corte son vitalicios, de eso se queja el presidente Joe Biden, quien debería verse en el espejo de Zedillo, pues, además de imponer a los suyos, logró que dejaran de ser vitalicios para establecer un límite del encargo de 15 años. Ahora, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que permanezcan tres años en el ejercicio de su responsabilidad y, lo más importante, que los elija el pueblo, como se eligen en casi la totalidad de EU, o en los estados independientes de Suiza, etcétera.

Serán los congresistas quienes darán vida al mecanismo de elegibilidad que exigirá abogados con experiencia y conocimiento de la materia, de ser posible con carrera judicial, además, apartidistas y no hayan colaborado en ningún partido, que participen los empleados del Poder Judicial (secretarios, proyectistas, etcétera), pues son ellos los maquiladores de los procesos judiciales, mientras sus jefes o jefas, los jueces magistrados y ministros, sólo firman las sentencias. Que se instaure una comisión revisora integrada por peritos ciudadanos y organizaciones de abogados, que los ciudadanos decidan mediante el voto quienes deban integrar al Poder Judicial mexicano. Lo anterior, es el tema que preocupa en todas las esferas y diversos segmentos de la sociedad, pues se piensa que la designación y o elección de candidatos surgirá de una tómbola, esto es, un mecanismo que ha usado Morena en sus elecciones, se trata de eliminar a la corrupción del Poder Judicial mexicano, pues ya basta de los privilegios oprobiosos que laceran, lastiman y ofenden a los mexicanos.

En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en los procesos políticos para que influyan en las decisiones, ya sea a través de elecciones legislativas, ejecutivas y pronto del sistema judicial.

Ojalá entienda esto el injerencista embajador Kent, ¿o no, estimado lector?