Luis Arturo Ugalde*

Desde hace más de cinco meses, y aun antes del 2 de junio, compartí mi opinión con un grupo de amigos interesados en el análisis político y económico del país, en el sentido de que, si llegara a aprobar el Congreso de la Unión el paquete de reformas constitucionales de López Obrador, especialmente las referidas al Poder Judicial y a la desaparición de los organismos autónomos, habría de padecer el país una severa crisis económica-financiera, y a la vez política.

Claro está que no fuimos los únicos al reflexionar sobre ello, ni mucho menos los más calificados para emitir pronósticos. Como era de esperarse, a la absurdez de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, y modificar en modo irreflexivo la estructura orgánica y funcional del Poder Judicial de la Federación, gran número de reconocidos juristas, académicos, líderes empresariales y columnistas de medios locales y extranjeros, así como los propios jueces y algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, se pronunciaron de inmediato en contra de tal reforma, dada la improcedencia conceptual y práctica de la misma.

A diario la tozudez presidencial apremió a sus legisladores de Morena y de los partidos en alianza a culminar su mandato en ambas cámaras. Montados en su mayoría calificada que las autoridades electorales les concedieron, eso parece muy posible durante este septiembre; para que así, el presidente se lleve “como un gran regalo” la reforma constitucional.

Pero de aprobarse, “el daño al Poder Judicial de la Federación será mayúsculo”, -asienta el Análisis Técnico que sobre la materia formuló el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hace perder la independencia y neutralidad de los juzgadores, relativiza los requisitos de elegibilidad de sus integrantes y destruye todo un sistema de carrera judicial. El cambio implica el cese inmediato a 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas; es un atentado al derecho de los trabajadores de esa institución, entre otras anomalías, afirma el estudio.

Es previsible también, que la reforma desequilibre la economía mexicana en forma considerable. La mayoría de instituciones financieras, empresariales y las más importantes agencias internacionales calificadoras de riesgo crediticio, advirtieron con tiempo del enorme peligro que la decisión presidencial tendría sobre los mercados comercial y bursátil, inflación, a las tasas y paridad cambiaria y sobre la inversión extranjera y nacional; sin omitir su impacto negativo en la relación comercial y política con Estados Unidos y Canadá.

J.P. Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, y las calificadoras de riesgo crediticio Morgan Stanley, Fitch Rating, el Bank of América, y luego Citibanamex, por

mencionar a las más importantes, advirtieron que “la incertidumbre provocada por la reforma al Poder Judicial, que consiste en la destitución de todos los jueces y magistrados federales, así como de los11 ministros de la Suprema Corte, coincide con un crecimiento económico más débil para este año y para el próximo en México, e inhibirá las inversiones poniendo en perspectiva negativa la calificación crediticia para el país en el año 2025”.

A las anteriores advertencias hay que agregar el desafío que la siguiente administración deberá enfrentar para mantener la estabilidad económica, dado el crecido déficit fiscal que causó el gasto en exceso, muy inferior a la recaudación en impuestos, ocasionado sobre todo por las grandes obras ordenadas por el presidente López Obrador, así como la calificación de riesgo a la baja que Moody’s le asignó a Pemex desde el 9 de febrero de 2024.

Sin embargo, tales avisos fueron por él desestimados. “No son para tomarse en serio”; “son pura politiquería” y “nuestra economía es muy fuerte”, dijo en su mañanera, aludiendo a las reservas del Banco de México.

Y en tales circunstancias, una reacción inesperada fueron las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme C. Clark, que días después fueron respaldadas por Brian A. Nichols, subsecretario del Departamento de Estado, no solo causaron enorme polémica, sino que representan de los asuntos más delicados que debe atender el gobierno mexicano.

En su carta, Salazar enfatizó que, de entrar en vigor la reforma, “es un riesgo para la democracia en México”, “amenaza para la relación comercial”, “merma desconfianza de los inversores”, y puede resultar una “política feroz, al aumentar la influencia del narcotráfico en el sistema judicial”; entre otros aspectos.

De ello se infiere que el enojo y discurso de AMLO por “la actitud injerencista” que motivó la “pausa diplomática”, o extrañamiento, resulta ser una respuesta endeble e inconsistente, porque es indubitable que los norteamericanos y canadienses tienen razón.

No hay tal injerencia ni se atenta contra la soberanía, por que se trata de asuntos importantes compartidos. Ellos son nuestros principales socios comerciales. Por vez primera, la balanza comercial con Estados Unidos nos favorece. El Tratado de Libre Comercio, TLCAN, propicia y facilita el comercio de mexicanos y norteamericanos; atrae inversión, genera fuentes de trabajo y es un instrumento legal que exige recíproco cumplimiento.

Las manifestaciones públicas se incrementan en rechazo a la iniciativa presidencial. Con el aval del Consejo de la Judicatura, a partir del 19 de agosto los trabajadores del Poder Judicial suspendieron labores a nivel nacional. No se trata de una huelga, como dijo el presidente, es un paro decidido al interior de uno de los poderes del Estado atendiendo a razones de justificación legal.

El 28 de agosto los estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM, iniciaron la protesta por el mismo motivo, a la que se agregaron otras casas de estudio, lideres políticos y población civil. Coincidente al sexto informe presidencial, en la ciudad de México y en once ciudades del país se efectuaron marchas. La prensa nacional y extranjera refleja los hechos y las redes sociales acrecentan el descontento y la polarización.

Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum aguanta sin atreverse a contradecir a su mentor. En frases cortas ha dicho que la reforma judicial hace falta, que no perjudicará a los trabajadores del Poder Judicial ni al Tratado de Libre Comercio, y que los Estados Unidos no deben interferir, repitiendo lo que dice el presidente.

Por momentos da la impresión de ingenuidad y novatez. No es así, sin duda ella está muy consciente de los pros y los contras que dicha reforma conlleva; y más nos conviene una gobernante perspicaz y con experiencia. Habrá analizado y discutido el asunto especialmente con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y con sus asesores de confianza.

Pero su jefe, – qué jefe más difícil les tocó a todos ellos, creyéndose que en los libros de historia aparecerá como un – cuarto héroe nacional, después de Hidalgo, Juárez y Cárdenas, según su extraña condición cognitiva, sigue a diario insistiendo en sus reformas, a pesar de la turbulencia social innecesaria que ha causado. Sin ningún gesto ni remordimiento, inició su sexenio con grandes mentiras y lo termina con otras más grandes.

*Consultor y Analista en Políticas Públicas.