Juan Carlos Sánchez Magallán
Los sismos de 1985 evidenciaron la falta de reglas de supervisión y protocolos de protección civil por parte de los tres niveles de gobierno en México. Miles de personas fallecieron o resultaron heridas. A partir de esta tragedia se fortaleció el Sistema Nacional de Protección Civil, se endurecieron los Reglamentos de Construcción, se creó el Atlas de Riesgos y se zonificó la CDMX. Además, se volvió obligatorio que todos los inmuebles contaran con escaleras de emergencia, transformando así la Ciudad.
El accidente ocurrido el pasado 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario durante el festival AXE Ceremonia, donde fallecieron los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, reabrió una herida social: la fragilidad de los protocolos de seguridad en eventos masivos. Aunque estos espectáculos son espacios de convivencia y cultura, la historia ha demostrado que, sin medidas estrictas de prevención, pueden derivar en tragedia.
No es la primera vez que México enfrenta el luto en eventos masivos. En 1990, durante un concierto del grupo Timbiriche en el Estadio Neza 86, una estampida humana provocada por el sobrecupo y la mala organización dejó al menos cinco personas fallecidas y decenas de heridos. A pesar del escándalo mediático y la indignación social, las medidas correctivas fueron temporales y, en muchos casos, insuficientes.
El deporte tampoco ha estado exento. En 1985, en el Estadio Universitario de la UNAM, una avalancha humana durante un partido entre Pumas y América provocó la muerte de ocho personas. Décadas más tarde, en 2022, el estadio Corregidora en Querétaro se volvió noticia internacional por la violencia entre aficionados, que dejó múltiples heridos graves. Ambos casos evidencian que los protocolos actuales siguen siendo ineficaces.
El accidente en el Parque Bicentenario no fue causado por un desastre natural ni por el comportamiento del público. Una estructura decorativa, manipulada por una grúa, colapsó sobre los fotoperiodistas. A pesar del siniestro, el festival no fue interrumpido, y la escasa información oficial generó incertidumbre entre los asistentes. Las autoridades investigan la responsabilidad del personal operador, los organizadores y las entidades encargadas de supervisar el montaje.
Las leyes mexicanas son claras respecto a la protección civil en eventos masivos. La Ley General de Protección Civil, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el Reglamento para la Celebración de Espectáculos Públicos exigen que los organizadores cuenten con Programas Especiales de Protección Civil, mapas de riesgo, dictámenes de instalaciones temporales (eléctricas y estructurales), señalización adecuada, rutas de evacuación, brigadas capacitadas y supervisión constante de las autoridades.
Asimismo, las Normas Técnicas Complementarias y las Guías para Eventos Masivos establecen las obligaciones en la planeación, montaje, desarrollo y desmontaje. La omisión de alguna fase puede tener consecuencias fatales.
Cada tragedia en eventos masivos es un recordatorio de lo que pudo evitarse. No basta con emitir comunicados o abrir investigaciones. Es urgente aplicar la legislación con rigor, exigir a las empresas organizadoras estándares internacionales de seguridad y reforzar el papel de supervisión y sanción de las autoridades.
En años recientes, recintos de la CDMX han sido escenario de eventos desafortunados. Durante un concierto de Juan Gabriel en 1993 se registró una estampida que dejó heridos por sobrecupo y falta de medidas de seguridad. Estos hechos subrayan la importancia de implementar y supervisar medidas adecuadas en eventos masivos para proteger a la ciudadanía.
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