Juan Carlos Sánchez Magallán

El pasado 1 de junio México vivió una elección sin precedentes. Más allá de los resultados, esta jornada electoral representó un ejercicio inédito de participación democrática y renovación institucional. En lugar de centrarnos en ganadores y perdedores, vale la pena destacar elementos menos visibles, pero profundamente significativos.

Uno de ellos fue la movilización ciudadana para el conteo de votos, realizada por miles de personas voluntarias, ajenas al INE y sin afiliación partidista, que garantizaron un proceso transparente y ordenado. Este esfuerzo ciudadano, muchas veces ignorado, dio testimonio de una democracia viva que se ejerce más allá de las urnas. Es una muestra clara de que, cuando se deposita la confianza en la ciudadanía, ésta responde con compromiso y responsabilidad.

También destaca la eficiencia en el escrutinio y la rapidez en los resultados preliminares, considerando la magnitud y complejidad del proceso. México demostró una capacidad operativa y técnica que fortalece la credibilidad de sus instituciones electorales y deja lecciones logísticas relevantes a nivel internacional.

Otro aspecto poco comentado fue la decisión voluntaria de cientos de personas para postularse como jueces, magistrados o ministros. Abrir la puerta a la participación directa en cargos del Poder Judicial es un paso hacia su legitimación social, mayor apertura institucional y transparencia. Muchos de estos perfiles surgieron de una vocación genuina de servicio, con trayectorias que merecieron estar frente al escrutinio ciudadano.

La selección previa de candidaturas se llevó a cabo con filtros éticos y revisión de antecedentes, lo que representa un avance. Sin embargo, es indispensable fortalecer estos filtros: se identificaron casos de personas con historial cuestionable o presuntas relaciones con el crimen organizado que lograron entrar en las boletas. Este punto no puede pasarse por alto. Es urgente reforzar los controles que garanticen la integridad de quienes aspiran a impartir justicia, pues la legitimidad del sistema judicial depende directamente de la confianza que inspire.

Aunque la participación fue baja, se preservó un principio esencial: los partidos políticos no deben intervenir en la designación del Poder Judicial. Esta separación es vital para la independencia de Poderes, y su mantenimiento representa un triunfo institucional en tiempos donde la frontera entre política y justicia puede desdibujarse con facilidad.

Un dato que llamó la atención fue el alto porcentaje de votos nulos, que llegó a 10.8%, cifra sin precedentes en procesos similares. Este fenómeno merece una reflexión profunda. ¿Qué llevó a tantos votantes a anular su sufragio? Las razones podrían ser múltiples: el desconocimiento sobre los candidatos, la confusión ante el formato de boletas, el exceso de cargos por elegir o incluso el uso del voto nulo como forma de protesta legítima. Cualquiera que sea la causa, evidencia la necesidad de fortalecer la educación cívica, simplificar los instrumentos de votación y garantizar que la ciudadanía tenga acceso oportuno a información confiable y clara sobre los aspirantes.

Este ejercicio no termina con la elección. Comienza una etapa de seguimiento, rendición de cuentas y evaluación pública. Quienes resulten electos tendrán el desafío de ejercer sus funciones con ética, imparcialidad y transparencia, bajo la mirada atenta de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente.

La elección de jueces, magistrados o ministros por vía popular plantea desafíos importantes, pero también ofrece oportunidades para repensar el vínculo entre la justicia y la sociedad. Este proceso nos deja aprendizajes valiosos que debemos aprovechar para mejorar los mecanismos y corregir fallas.

Pero también deja certezas: la democracia no sólo se mide por los votos emitidos, sino por la calidad del proceso, el respeto a las reglas y el compromiso de quienes participan. México dio un paso valiente. Ahora, el reto es mejorar lo construido y seguir avanzando. ¿O no, estimado lector?