Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

En la antigüedad, quienes podían legar a sus hijos una buena educación era un privilegio. Sólo las élites sociales como la monarquía, la aristocracia y el clero estaban en posibilidad de hacerlo por lo elevado de su costo; era inaccesible para las clases menos favorecidas, así como para las mujeres, por cuestiones atávicas de género.

Fue hasta el siglo XX, en el que la educación fue concebida como un derecho social, clave para la democracia y el progreso. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en establecer la obligación del Estado de impartirla de manera general, libre, laica y gratuita.

La educación pública representa para la historia de nuestro país una revolución, en términos sociales y cognitivos. Ha sido el factor más importante para la trasmisión del conocimiento y la cultura; y ha demostrado ser el nivelador social por excelencia, debido al papel que juega para el desarrollo y formación individual.

La calidad que tiene una buena educación entre padres e hijos se demuestra en el Informe Movilidad Social en México 2025 que de manera reciente fue dado a conocer por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Se señala que sólo pudieron acceder a la educación profesional 9% de las personas cuyos padres estudiaron hasta la primaria o menos. En contraste, entre los jóvenes cuyos padres alcanzaron estudios profesionales, este porcentaje corresponde a 63%.

Lo anterior implica que quienes tienen padres con un nivel educativo más alto cuentan con una probabilidad siete veces mayor de alcanzar estudios profesionales que aquellas personas con padres que apenas terminaron la primaria o menos. Es la segunda circunstancia que más influye para romper la desigualdad de oportunidades, sólo superada por los recursos económicos del hogar de origen.

Las estadísticas ofrecidas por el Inegi en su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 revelan que el ingreso promedio trimestral de las personas con primaria es de 13 mil 514 pesos; en tanto que quienes tienen un nivel de escolaridad profesional alcanzan 49 mil 947 pesos. Esta cifra crece de manera significativa en los ciudadanos que cuentan con un posgrado, pues la encuesta reporta en este nivel ingresos por promedio de 89 mil 986 pesos mexicanos.

La realidad de los datos encierra una complejidad que merece ser analizada con detalle y con mucho cuidado, pues van más allá de demostrar que la educación permite la movilidad social de las personas.

Hay que señalar que la educación de una generación repercute de manera directa y determinante en las posibilidades de ascenso de la generación subsecuente. Si los padres no tuvieron la oportunidad de estudiar niveles por encima de la educación básica, será muy probable que sus hijos no lleguen a los estudios superiores.

Esa es la nobleza que le han brindado a México la UNAM y las demás instituciones públicas de educación superior, que hacen posible romper este círculo determinista tan desolador.

Sin embargo, lo anterior no siempre ha sido entendido por los gobiernos en turno. No se ha valorado de manera suficiente la trascendencia que la educación tiene para lograr un mayor desarrollo de la República. Porque lo hemos dicho varias veces en este mismo espacio: la educación es una inversión estratégica, no un gasto gubernamental.

Se debe garantizar de manera categórica que la educación es un derecho humano y fundamental, sólo por detrás de la vida y la libertad. Ello que permitiría que México estuviera a la altura de las difíciles circunstancias que se viven en un mundo despiadado que exige siempre modernidad.

Como Corolario, la frase de Fernando Savater: “Una democracia de ignorantes no puede funcionar”.