Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

Luego de casi 20 años, una jueza ordenó la liberación de Israel Vallarta después de absolverlo de ocho delitos: delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro de seis personas, así como la portación y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La juzgadora consideró que —al igual que con el caso de Florence Cassez— el valor probatorio de los medios ofrecidos por la Fiscalía no demostraba su culpabilidad, y que además, el “efecto corruptor” del montaje televisivo orquestado por la entonces Agencia Federal de Investigaciones había viciado de origen el procedimiento y sus resultados.

La liberación de Vallarta ha merecido una serie de diferentes consideraciones en extremo discrepantes. Vale la pena tratar de sinterizar las más importantes.

En México es posible perder la libertad y pasar 20 o más años sin tener una sentencia, debido a la prisión preventiva oficiosa. Es una figura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha señalado a México que debe desaparecer por ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y violatoria del derecho de la presunción de inocencia.

Dicha Corte considera que la prisión preventiva es la medida más severa que se le pueda aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe ser excepcional y limitada por los principios de necesidad y proporcionalidad.

Tener procesada a una persona por 20 años y salir absuelta es una demostración de los defectos que tenía el Poder Judicial que habrá de desaparecer el próximo 1º de septiembre cuando accedan a sus cargos los juzgadores recién electos.

Es indudable la ineficaz actuación de la entonces Procuraduría General y de la actual Fiscalía, así como de los servicios periciales, para demostrar la culpabilidad de Vallarta en las demás denuncias de secuestro que tenía incoadas. Y haber ignorado a las víctimas, que se han quedado sin justicia.

Sin una reforma profunda a las fiscalías del país y sin separar de su dependencia jerárquica a los servicios periciales para hacerlos órganos autónomos, la justicia seguirá siendo una promesa incumplida.

Si la justicia tarda en llegar deja de ser justicia. Este caso demuestra que un aspecto fundamental —que no está contemplado— dentro de la reforma judicial, es la necesidad de ampliar la capacidad operativa del Poder Judicial con más jueces y magistrados.

En México sólo tenemos menos de cuatro juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando países como Alemania se tienen 25 jueces, Colombia y España cuentan con 11 personas juzgadoras, por dar ejemplos.

El caso de Israel Vallarta deja al descubierto la alarmante situación por la que atraviesa la impartición de justicia penal del país: fiscalías incompetentes, olvido de las víctimas, servicios periciales incapaces y sometidos a los mandatos del ministerio público, juzgados lentos, así como procesos penales obscuros e interminables.

Jorge Volpi, al finalizar su Novela Criminal, dijo que no tenía una respuesta certera respecto a si Israel Vallarta era un peligroso secuestrador o una víctima de una gigantesca conspiración.

El caso es que ya fue declarado inocente de todos los cargos por una juzgadora que ha emitido —en pocos meses— dos sentencias por el mismo delito en extremo contradictorias. Y ha sido señalada como beneficiaria de los “acordeones” en la pasada elección.

Como Corolario, las palabras del diputado constituyente, Paulino Machorro: “Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juguete de las pasiones”.