Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

En lo que va del presente año se han llevado a cabo importantes decomisos de combustible ingresado de manera ilegal al país en puertos como Tampico, Ensenada o Altamira, así como el aseguramiento de ferrotanques repletos de diésel, que significan más de 50 millones de litros de hidrocarburos de contrabando y la evasión de impuestos, producto de la actividad que se ha denominado como “huachicol fiscal”.

Esta semana –en lo que significa el tema más importante de combate a la corrupción de muchos años– las autoridades informaron de la detención de 14 personas vinculadas al ingreso ilegal de 10 millones de litros de hidrocarburos a través de un buque-tanque decomisado en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Entre ellas están algunos personajes de alto nivel jerárquico que disfrutaron de gran influencia dentro de la Marina durante todo el gobierno anterior.

Desde que les fueron encomendando funciones públicas a las instituciones armadas, para las cuales no estaban preparadas, no tenían experiencia y además rebasaban su ámbito de competencia, en este mismo espacio advertimos del riesgo de que se contaminaran sus mandos de la corrupción.

Si a ello agregamos que, para el ejercicio de recursos financieros, adquisiciones y adjudicación de obras públicas se les exentó del cumplimiento de la normatividad correspondiente, el peligro de la comisión de abusos y falta de probidad se incrementó de manera exponencial.

Bajo el argumento de que las Fuerzas Armadas permitirían el ejercicio de los recursos financieros, la realización de actividades importantes y la ejecución de obras públicas de manera alejada a la corrupción, de 50 aduanas de nuestro país; 32 son manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y 18 por la Secretaría de Marina.

Hace unas semanas conversé con un alto mando de la Secretaría de Marina y me comentó que en la actualidad más del 85% del comercio en el mundo se hace por vía marítima. Esto nos advierte la importancia de mejorar la capacidad del Estado para permitir el cumplimiento de las tres funciones de las aduanas modernas: recaudación, facilitación del comercio y refuerzo de la seguridad nacional.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del Inegi, el 89.3% de la población –de 18 años y más– identificaba a la Secretaría de Marina como la autoridad que “mucho o algo”, le inspiraba mayor confianza, seguida de la Secretaría de la Defensa, con 86.7%.

Nuestras Fuerzas Armadas son instituciones estratégicas e indispensables para la vida del Estado mexicano. A lo largo del tiempo se han ganado el aprecio y admiración de la ciudadanía. Además, la Marina ha conquistado un reconocimiento especial de las agencias de seguridad del gobierno estadunidense.

Es por ello que preocupa de manera enorme el desgaste y desprestigio que representan esos lamentables hechos. Para el gobierno actual, la oportunidad debe servir para hacer un ejercicio de reflexión respecto de si vale la pena seguir encomendando a nuestras Fuerzas Armadas actividades que son ajenas a sus labores de defensa de la integridad, independencia y soberanía nacional.

Las detenciones recientes generan más dudas que respuestas. El primer eslabón es el decomiso de los contrabandos. Pero falta saber quiénes operan y se benefician del almacenaje, transportación y venta de tanto combustible, porque las dimensiones del tema nos llevan a pensar que se trata de una cadena enorme de corrupción.

Como Corolario, la frase que decían Karl Loewenstein y Lord Acton: “El poder corrompe y cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente”.