Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

En este espacio hemos señalado que la práctica democrática no se agota en los procesos electorales. Una parte importante de la democracia es el acceso de todas las personas a las condiciones necesarias para su desarrollo integral digno, así como a las garantías institucionales para el ejercicio de derechos como la salud, educación y acceso a la información; porque ello garantiza la pacífica convivencia social.

La esencia del Estado moderno exige que las leyes rijan por igual a todos, incluyendo el establecimiento de límites claros a los servidores públicos, quienes en su actuar cotidiano ejercen facultades importantes para la ciudadanía. Dicho de otra forma, un Estado de derecho es aquel en el cual los detentadores y los destinatarios del poder se ajustan por igual al marco constitucional.

Lo anterior viene a colación, pues hace unos días se publicó el Índice de Estado de Derecho 2025, del World Justice Project, que evaluó a 143 países y jurisdicciones. El diagnóstico es claro y alarmante: 68% de los países experimentó un retroceso en su adhesión al Estado de derecho, en comparación con 57% registrado el año pasado.

El estudio evaluó 44 indicadores, distribuidos en las categorías siguientes: las limitaciones a los poderes del gobierno; ausencia de corrupción; gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, así como justicia civil y justicia penal.

Con base en ello, se identificó que la tendencia autoritaria se expande y va limitando el espacio cívico y creando un debilitamiento de los pesos y contrapesos. Por ejemplo, la rendición de cuentas gubernamental retrocedió, pues se registró que la auditoría y supervisión independiente cayó en 63% de los países, y en cuanto a los limites judiciales al poder gubernamental, la disminución fue en 61% de países.

En materia de espacio cívico, se señala que la libertad de opinión y expresión cayó en 73% de los países, y en cuanto a libertad de reunión y asociación el desplome fue en 72 por ciento. Los mejores clasificados fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia; los peores evaluados: Venezuela, Afganistán y Camboya. Nuestro país se encuentra clasificado en el lugar 108, por delante de Gabón y República del Congo.

En orden regional de América Latina y el Caribe, México ocupa el sitial 26 de 32. En este mismo orden, Uruguay, Costa Rica y Chile ocupan los primeros lugares.

Algunos subfactores llaman especial atención por su gravedad. México, en la clasificación mundial sobre la medición de cuántos funcionarios públicos fueron sancionados por mala conducta, ocupamos el triste lugar 132 de 143. Otro subfactor que mide la cantidad en que los poderes del gobierno están en efecto limitados por el Poder Judicial, nuestro país se ubica en el lugar 103.

Si quisiéramos sacar una conclusión de lo que este estudio nos ofrece, es que el autoritarismo y el populismo están aumentando y generando efectos expansivos, en demérito de la democracia, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal.

El fortalecimiento del Estado de derecho es condición indispensable para el desarrollo. Los gobiernos del orbe deben orientar sus mejores esfuerzos en dicha tarea, pues sin su acción es imposible la vida en condiciones de igualdad de oportunidades y paz.

Los esfuerzos que se emprendan deberán de ir más allá del discurso y reformas legislativas. Se necesitan instituciones fuertes, así como decisiones políticas claras y firmes para reconstruir el orden jurídico y regenerar el deteriorado tejido social.

Como Corolario, las palabras del jurista español Elías Díaz Simón Bolívar: “El Estado de derecho consiste fundamentalmente en el Estado sometido al Derecho”.