Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

El pasado 24 de noviembre tuvo lugar un megabloqueo de autopistas, carreteras, vías de acceso a la capital de la república, toma de casetas de peaje, así como afectación a accesos en aduanas y recintos fiscales, por parte de transportistas y campesinos.

Se conjuntaron diversas demandas sociales en este movimiento. Los transportistas exigen mejorar la seguridad en las carreteras para evitar extorsiones, asaltos y agresiones.

De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Industriales, el robo a camiones de carga deja pérdidas diarias de al menos 15 millones de pesos por cada sector industrial; cifra que puede superar los 7 mil millones de pesos al año.

Por otra parte, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2025 se denunciaron 5,204 robos a transportistas, que en 96% de los casos se cometen con violencia.

Por su parte, los campesinos hicieron valer su molestia por los bajos precios de sus productos y el abandono al campo; la creación de una banca de desarrollo agrícola, así como la exclusión de ciertos granos básicos del T-MEC.

Desde hace años, las protestas de grupos sociales se han enfocado en la afectación de instalaciones estratégicas para presionar al gobierno en turno a acceder al cumplimiento de sus demandas. Tomas de pozos petroleros, cierres de autopistas, casetas de peaje, bloqueo de vías férreas, aeropuertos y otras vías de comunicación.

De nueva cuenta, al igual que en el caso de la manifestación de la Generación Z, no se aprecia a ningún grupo específico que tenga la capacidad de organización y fuerza política para convocar a un movimiento de tal magnitud, que casi paralizó las comunicaciones terrestres en 24 entidades federativas, sino que consistió en la coincidencia y necesidad de unir protestas por diversas cuestiones que están generando hartazgo social.

En un Estado que se precie de ser democrático y de Derecho, garantizar los derechos de los gobernados es la esencia que justifica su existencia. Este tipo de eventos representa aquello que la academia ha dado en llamar como: “colisión de derechos”, la cual surge cuando el ejercicio de una garantía constitucional entra en conflicto con el ejercicio de los derechos de otras personas.

Ejemplo clásico de lo anterior es el derecho de libre tránsito de toda persona, frente a la libertad de manifestarse de manera pública: ambos tutelados de forma expresa por nuestra Carta Magna.

El gobierno enfrenta un reto de gran importancia, ya que por una parte tiene la obligación de proteger el derecho de toda la población de poder transitar por todo el territorio nacional; y al mismo tiempo garantizar la libertad de los manifestantes de poder hacer visibles sus exigencias.

Las causas sociales que se están expresando, por legítimas que sean, generan afectaciones a las personas y daños muy importantes a la economía del país, que pueden ser incluso constitutivas de delitos establecidos en la Ley de Vías Generales de Comunicación.

El tema que nos ocupa no estriba en que el gobierno tenga que escoger entre la disyuntiva de proteger el derecho humano a la libertad de tránsito, en contra de impedir la libertad de expresión y criminalizar la protesta.

Se trata de entender las causas y resolver la problemática compleja que llevó a estos extremos a los transportistas y a los campesinos, que llevan mucho tiempo expresando su molestia y afectación de sus labores tan necesarias y estratégicas para nuestra sociedad.

Como Corolario, la frase del general Lázaro Cárdenas del Río: “Sólo la justicia social garantiza la paz y la felicidad humana”.