Por el Dr. Oscar Omar Nuñez Herrera

El agua es un elemento fundamental de la vida, no existe desarrollo ni progreso ni justicia social sin agua; a pesar de su carácter esencial, el agua está cada vez más en peligro debido a la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático.

Frente a estos desafíos, el poder legislativo juega un rol primordial pues entre sus funciones destaca la de la formulación y actualización del marco jurídico en la materia, a fin de garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento consagrado en la Constitución para que todo mexicano tenga acceso al agua en calidad y cantidad; ese rol no es sólo nacional o local es profundamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU, que busca transformar el mundo en un lugar más justo equitativo y sostenible.

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada por todos los estados miembros de las Naciones Unidas, establece una visión común para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, con un enfoque claro en la sostenibilidad; dentro de esta agenda, en el objetivo seis es clave garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento; para todos, ese objetivo integra una serie de metas como la reducción de la contaminación del agua, la mejora de la eficiencia en su uso y la protección de los ecosistemas acuáticos.

En ese contexto, el poder legislativo tiene una responsabilidad clave, crear un marco normativo que respalde la implementación efectiva de estos objetivos creando leyes que protejan el acceso al agua como un derecho humano, que regulen su uso sostenible y que promueva la conservación de los ecosistemas hídricos, mismos que son especiales para alcanzar no solo el objetivo seis, sino para contribuir al cumplimiento de otros objetivos interconectados, como la erradicación de la pobreza, la salud y el bienestar y la lucha contra el cambio climático.

Así, una adecuada legislación en materia de aguas es toral para lograr la configuración e implementación de políticas públicas eficaces, eficientes y exitosas en la materia y por ende en un adecuado desarrollo sostenible; en este sentido, como legisladores existe el deber de hacer una revisión integral a la Ley de Aguas Nacionales que data desde 1992 y lograr los consensos y acuerdos necesarios que permitan finalmente el apego al mandato constitucional establecido en el año 2012, a través de la reforma al artículo cuarto párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece como parte del desarrollo humano al agua y en uso de la facultad de ese poder legislativo, expedir una nueva Ley General de Aguas.

 Se tiene conocimiento que la LXIVª Legislatura se realizó un trabajo arduo con la realización de 35 foros estatales para la construcción de una Ley General de Aguas, en los cuales, el objetivo fue entablar un diálogo abierto, incluyente y participativo, dando seguimiento a esto en la LXVª Legislatura; sin embargo, por diversas eventualidades no se ha logrado concretar el mandato constitucional.

 Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de enero del año 2022 emitió una sentencia por desacato constitucional por la falta de la creación de una Ley General de Aguas, tal y como se establece en el artículo cuarto párrafo sexto de la Carta Magna; en esta sentencia la Suprema Corte determinó que la omisión del Congreso fue de carácter absoluto y que no se habían cumplido con las obligaciones de expedir la Ley en el plazo establecido; además, conminó al Congreso a emitir la Ley General de Aguas en su próximo periodo ordinario de sesiones.

Es importante destacar que, en esa sentencia se tienen implicaciones importantes para la gestión del agua en México y subraya la necesidad de una regularización efectiva para garantizar la conservación y el uso sostenible de este recurso vital, pues también es parte del quehacer legislativo la configuración de nuevas normas generales, y en específico, de una Ley General de Aguas Nacionales que se considerar necesario para atender la problemática hídrica en México, siendo crucial la participación no solo de diputadas y diputados como representantes de la ciudadanía, sino también necesaria la participación directa de la sociedad civil, de los tres órdenes de gobierno, del sector privado de la academia y de las personas especialistas en el tema hídrico, a través de consultas, reuniones de trabajo con los sectores involucrados, mesas de diálogo y foros.

Esta nueva legislación y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales deben atender las principales problemáticas afectadas, sin embargo los temas que se tratan en estas campañas se enriquecen cada día con las aportaciones de la ciudadanía y los sectores involucrados los temas de urgente atención como son la disponibilidad real de agua en el país, los 643 mantos acuíferos existentes en el país, la revisión de infraestructura de las 806 presas con la secuencia del país y en particular de las 210 que almacenan el 80% del vital líquido, el tema de la transmisión de las concesiones analizando la viabilidad de prohibir los acuerdos entre particulares, el tema de las verificaciones en lo relativo a las descargas y la extracción ilegal del vital líquido, el tema de delitos hídricos, siendo necesario endurecer las sanciones dado que no es posible que las empresas estén optando por pagar multas que obedecer la ley porque al día les resulta más redituable, haciéndose necesario ensanchar y actualizar el catálogo de delitos, y por su puesto simplificar los trámites ante CONAGUA.

En general, ese nuevo marco normativo debe ser la base para para poder poner en marcha políticas públicas que se encarguen de los aspectos antes señalados pero dicha mención no es limitativa, debe ponerse especial énfasis en la tecnificación paulatina del sector agrícola tomando en consideración que es el uso agrícola ocupa el 76% del vital líquido y que su infraestructura data de más de 50 años, por lo que se debe garantizar su uso eficiente y responsable para la seguridad alimentaria, se debe poner especial énfasis en la mejora de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo que debe ser una corresponsabilidad con los 3 órdenes de gobierno atendiendo a lo establecido en el artículo 27 y 115 de la Carta Magna.

Se deben implementar proyectos estratégicos en zonas con específico crecimiento del país como lo son Chihuahua, el valle de México, Sinaloa, Baja California, Oaxaca, Guanajuato, entre otros; se debe trabajar en un diagnóstico a nivel nacional y focalizar en cada estado para cambiar la realidad actual, trabajando de la mano con gobernadores y gobernadoras, presidentes y presidentas municipales de los 2500 municipios y planificar un plan de inversión en cada uno de ellos, se debe trabajar en un programa estratégico para sanear ríos y se tiene que trabajar en la reforestación de bosques.

No menos importante es mencionar que como legisladoras y legisladores federales integrantes de la comisión de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento, se debe poner especial énfasis en la aprobación de un presupuesto de ingresos que permitan la debida cooperación y cumplimiento de las atribuciones de la SEMARNAT y de la CONAGUA en la materia.

En conclusión, legisladores, asociaciones, expertos, autoridades de todos los órdenes de gobierno y ciudadanía en general, necesitan poner manos a la obra y configurar un marco normativo novedoso y ajustado a las necesidades y problemáticas actuales; que permita el diseño de políticas públicas exitosas a fin de avanzar hacia una gestión hídrica que sea eficiente, transparente y participativa, garantizando la sostenibilidad y equidad en el acceso y uso del agua.

Como legisladores se desempeña un papel clave para asegurar que la conservación del agua se integre de una manera efectiva en otros ámbitos políticos y de desarrollo, dado que el agua es un recurso transversal que abarca directamente sectores como la educación, agricultura, industria, cambio climático y desarrollo económico, para lograr una integración eficaz y así, adoptar diversas estrategias y enfoques que promuevan la coherencia entre políticas hídricas y las políticas públicas de otros sectores.

Al adoptar este enfoque multisectorial, se pretende promover políticas coherentes, colaborativas y fortalecer la gobernanza participativa, asegurar que el agua sea gestionada de una manera sostenible, equitativa y eficiente, para el bienestar de las personas y los ecosistemas.

Recientemente, el pasado 7 de febrero de 2025 el Organismo de Cuenca Golfo Centro  de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) con sede en la Ciudad de Xalapa Veracruz, llevó a cabo el Foro  “Transformando el Régimen del agua en México: Hacia una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales” con la participación y asistencia de representantes del sector público federal y local, así como del sector empresarial agrícola y de representantes de comunidades campesinas, a efecto de escuchar posturas y propuestas para la integración de la Ley General de Aguas.

Desafortunadamente, se dan preferencia a otros temas dentro de la agenda legislativa, sin cumplir ni el mandato constitucional ni la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pueda concretar tanto la Ley General de Aguas, como la demarcación y precisión de las facultades de las autoridades encargadas de temas hídricos, lo que deja un impacto no sólo económico o ambiental, sino coyuntural que a largo plazo pagaremos con creces.