Juan Carlos Sánchez Magallán

La fuerza de la naturaleza llega y arrasa con todo a su paso. En cuestión de segundos, un huracán inunda y destruye ciudades, un sismo derrumba edificios y casas, un incendio forestal devora bosques y comunidades enteras. Lo inquietante es que estos eventos, que antes parecían extraordinarios, hoy se multiplican en frecuencia e intensidad. Científicos de todo el mundo coinciden en que el cambio climático ha acelerado un ciclo que nos coloca en un escenario inédito: cada región del planeta es vulnerable, cada sociedad está expuesta, y lo que antes era “excepción” ahora es rutina. Nadie se salva, ni los países ricos con sus enormes infraestructuras ni los países pobres con su frágil desarrollo. La diferencia está en el precio: unos pagan con grandes pérdidas económicas, otros con pérdida de vidas.

América Latina es uno de los escenarios más claros de esta realidad. Tan sólo en 2024, se registraron 56 desastres que afectaron a más de seis millones de personas y se llevaron consigo más de 800 vidas. Una cifra que se siente fría en papel, pero que esconde dramas humanos en cada esquina: familias que perdieron su hogar, agricultores que vieron desaparecer su cosecha bajo el agua, comunidades que aún no terminan de reconstruirse cuando ya llega el siguiente golpe. Sólo en Europa este año se quemaron un millón de hectáreas, siendo el continente que más se calienta del mundo, las cifras estremecen. En Alemania y Bélgica, las inundaciones de 2021 arrasaron pueblos y cobraron 230 vidas en cuestión de horas. En México, entre 2000 y 2020, los desastres generaron pérdidas materiales por 596 mil millones de pesos. Miles de personas mueren a causa de fenómenos naturales, la mayoría en condiciones de vulnerabilidad, para completar el panorama, en Asia, un terremoto en Myanmar dejó al menos 1,700 víctimas mortales y en Nepal, deslizamientos de tierra causaron la muerte de decenas más, mientras una tormenta de nieve en el Everest atrapó a casi mil alpinistas en sus campamentos esta semana.

¿Por qué si las pruebas son tan contundentes, la prevención sigue sin ser una alta prioridad? La respuesta está en la política y sus incentivos negativos. La prevención no da réditos inmediatos. Construir muros de contención, reforzar y limpiar drenajes, recuperar manglares o reubicar comunidades enteras requiere grandes inversiones, pero no produce titulares ni aplausos instantáneos. Nadie celebra el desastre que no ocurrió. En cambio, cuando la tragedia llega, la ayuda y el rescate generan visibilidad y capital político. Es un ciclo perverso que posterga decisiones urgentes y deja a millones expuestos.

La desigualdad marca otra línea divisoria. En los países desarrollados, las pérdidas suelen traducirse en daños económicos, interrupción de servicios, seguros que cubren parte de los costos. En los países pobres, cada desastre es un golpe mortal: comunidades enteras arrasadas, viviendas precarias destruidas, hospitales colapsados, familias sin recursos para empezar de nuevo. La injusticia ambiental se hace evidente: los más pobres, los menos responsables de la crisis climática, son quienes más la padecen.

Sin embargo, hay pruebas de que la prevención sí funciona. Japón ha reducido drásticamente la mortalidad por terremotos gracias a estrictas normas de construcción y educación ciudadana. Bangladesh, a pesar de ser uno de los países más expuestos a ciclones, salvó decenas de miles de vidas en las últimas décadas con sistemas comunitarios de alerta temprana. Costa Rica apostó por proteger bosques y cuencas como estrategia natural de defensa contra inundaciones. Y organizaciones como WWF recuerdan que los ecosistemas no son obstáculos, sino aliados: manglares, humedales y dunas funcionan como escudos naturales frente al agua y el viento.

La naturaleza nos ha hablado con fuerza; ahora toca decidir si seguimos de espaldas a su advertencia o si, por fin, aprendemos a escuchar. ¿O no, estimado lector?