Corte de caja.

Dr. Irvin Uriel López Bonilla

El pasado 15 de diciembre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz emitió la convocatoria para designar a quien ocupará la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el periodo comprendido del 29 de enero de 2026 al 28 de enero de 2031. A la fecha, se conocen ya los nombres de las doce personas que aspiran a dicho cargo. Pero, ¿por qué las y los veracruzanos debemos estar atentos a este proceso y a la designación que de él se derive?

En primera instancia, es necesario decir que la idea de que la sucesión en la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un asunto lejano, reservado para especialistas o para la clase política de la entidad, es falsa. No se trata de un tema técnico ni marginal, sino de una decisión profundamente cercana a la vida cotidiana de quienes habitamos el territorio veracruzano y que, por ello, debe importarnos a todas y todos.

La piedra angular de esta afirmación reside en la relevancia de los mecanismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, los cuales constituyen, al menos en teoría, una vía accesible, ágil y cercana para exigir responsabilidades al Estado sin necesidad de acudir, de inicio, a procesos judiciales que, en muchas ocasiones, resultan inaccesibles para la mayoría de las personas. Si bien estos mecanismos no sustituyen a los tribunales, cumplen funciones indispensables: visibilizan violaciones a derechos humanos, acompañan a las víctimas y documentan patrones de abuso y prácticas institucionales.

De este modo, la fuerza de los procedimientos que se ventilan ante órganos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos no proviene de la imposición de sanciones, sino de su legitimidad, de la investigación rigurosa, de su capacidad para incidir en la actuación cotidiana del poder público, así como de su potencial para prevenir conflictos mayores, reducir la impunidad y acercar la defensa de los derechos humanos a la vida diaria de la ciudadanía. Claro está, cuando dichos mecanismos funcionan de manera efectiva.

El objetivo aquí no es pronunciarme sobre la eficiencia de quienes han encabezado la Comisión Estatal en los últimos años, sino subrayar que esta institución puede —y debe— constituir un espacio institucional de escucha, documentación y señalamiento de violaciones a derechos humanos. Lo que ocurre en su interior repercute directamente en la forma en que el poder público se relaciona con la gente de a pie.

Así, la sucesión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es un mero trámite administrativo. Se trata, en realidad, de un asunto de interés público. Más que un simple relevo institucional, la designación de su titular es una condición indispensable para la protección efectiva de los derechos humanos de las y los veracruzanos.