Juan Carlos Sánchez Magallán

Hubo un momento en que Italia estuvo al borde del colapso institucional. No era una metáfora. Era real. A principios de los años noventa, la mafia no sólo controlaba territorios: influía en jueces, financiaba campañas, intimidaba empresarios y penetraba estructuras políticas. Se estimaba que una tercera parte del Parlamento tenía vínculos directos o indirectos con organizaciones criminales. La ley del silencio —la omertà— no era una costumbre cultural: era un sistema de poder.

Entonces la mafia cometió un error estratégico. Retó frontalmente al Estado.

En 1992 fueron asesinados los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. La violencia fue brutal, pero el efecto político fue aún mayor: Italia entendió que no estaba frente a un problema de orden público, sino frente a una amenaza estructural. Y decidió responder como Estado.

La primera pieza fue jurídica. El artículo 416 bis del Código Penal tipificó de manera específica la asociación mafiosa, definida no solo por la comisión de delitos, sino por su capacidad de intimidación y de generar sumisión colectiva. No se perseguía únicamente el homicidio o la extorsión; se castigaba la estructura misma.

La segunda pieza fue institucional. Se crearon fiscalías nacionales y distritales antimafia, cuerpos de investigación especializados y una coordinación permanente entre niveles federal y territorial. Se instauró un régimen penitenciario especial —el 41 bis— que aisló a los capos más peligrosos para impedir que siguieran dirigiendo operaciones desde prisión. El mensaje fue claro: la cárcel no sería una oficina alterna para seguir dirigiendo actividades ilicitas.

Pero el verdadero punto de inflexión fue económico.

Italia entendió que no bastaba con detener sicarios ni capturar jefes visibles. Había que golpear a todos los beneficiarios del sistema criminal. Se fortaleció la policía financiera, se rastrearon empresas fachada y, sobre todo, se estableció una política sistemática de incautación y confiscación de bienes producto de actividades ilícitas.

Lo decisivo no fue solo decomisar. Fue reutilizar.

Propiedades, terrenos y activos confiscados comenzaron a destinarse a fines sociales e institucionales. Escuelas, cooperativas, centros comunitarios surgieron donde antes operaban estructuras mafiosas. El capital ilícito dejó de alimentar poder criminal y empezó a fortalecer tejido social. La asfixia financiera debilitó la capacidad de intimidación.

Al mismo tiempo, se robustecieron los programas de protección a testigos y los incentivos a los pentiti —colaboradores de la justicia— cuyas declaraciones resultaron fundamentales para desmantelar redes internas. Y la sociedad civil organizada asumió un papel determinante en la promoción de una cultura de legalidad.

Italia no eliminó por completo la delincuencia organizada. Pero logró algo más relevante: que las mafias dejaran de desafiar al Estado y que entendieran que el costo de operar sería estructuralmente alto.

El eje dejó de ser la espectacularidad de la violencia y se trasladó al desmantelamiento económico y social de las organizaciones.

Ese cambio de enfoque transformó la correlación de fuerzas. Porque combatir al crimen no es sólo capturar. Es elevar el costo sistémico de pertenecer, financiar o beneficiarse de él.

Y cuando un Estado decide hacerlo de manera integral —con ley, instituciones y sociedad—, la ecuación empieza a modificarse.

Pero como expresó el eurodiputado Leoluca Orlando y seis veces alcalde de Palermo (El Colombiano, 11-03-2019), para acabar con la mafia se necesita una justificación cultural y religiosa; se necesita el carro siciliano, con dos ruedas: la de la represión, la cárcel y la policía; y la de la educación, la empresa y la escuela. Esas dos deben ir a la misma velocidad. Si sólo funciona la primera, no avanza. Al final, alguien dirá que estaba mejor antes. Si solamente gira la segunda, el riesgo es que haya un bellísimo concierto de música siciliana en honor a un jefe de la mafia.

¿O no, estimado lector?