Irvin Uriel López Bonilla

Carlos Ariel Ayala Maldonado

El pasado 27 de marzo, la justicia federal le recordó a la burocracia estatal que el derecho de petición es la llave para abrir las puertas a la igualdad.  En la sentencia del juicio de amparo indirecto 15/2025 contra la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) es un alto al fuego contra la invisibilidad de las adolescencias trans en las aulas.

Todo comenzó con una pregunta, que aunque sigue sin responderse, presenta los primeros pincelazos de avance ¿Qué están haciendo las autoridades educativas para proteger a las juventudes trans en el bachillerato? La respuesta inicial de la SEV fue el silencio, luego, el desdén mediante un oficio con el que intentó salir del paso remitiendo a protocolos generales de acoso que no entienden -o tal vez no quieren entender- la especificidad de la discriminación por identidad de género.

La resolución que hoy tenemos, luego de un juicio de amparo por más de 2 años posee relevancia jurídica y social por varios motivos, pero esencialmente, porque es una victoria en contra de la simulación administrativa, pues a propósito del trabajo de la Clínica de litigio estratégico transformaciones jurídicas (particularmente en la formación de defensores de derechos humanos en el seno de la Maestría en Derechos Humanos y Jurídicas)  y de Orgullo Xalapa por los Derechos Humanos A.C., se ha condenado a que la SEV por fin, nos dé una respuesta. No puede ser cualquier respuesta, nos debe decir de manera fundada, motivada, congruente, exhaustiva y firmada por autoridad competente, qué acciones han tomado para cumplir con la obligación de establecer, crear, aplicar, vigilar y supervisar protocolos de protección a derechos humanos, contenida en la fracción XXIII del artículo 44 de su reglamento.

Definitivamente no nos encontramos ante un punto final del proceso, más bien ante el inicio de la verdadera batalla, pero también sabemos que es una exigencia impostergable. La SEV está acorralada, porque debe aceptar que no cuenta con los protocolos de actuación en materia de identidad de género para estudiantes trans, pero ello le implicará, desde luego, que deba adoptarlos. Al final del día, más que el cumplimiento de una obligación que está en un artículo de un reglamento, estamos ante la posibilidad real de que ninguna identidad pueda ser borrada por el plumazo de la discriminación, por el silencio institucional o por la ceguera de un sistema que ya no puede fingir que no nos ve.