Ciudad de México, 26 Mayo 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que aplaza la elección judicial prevista para 2027 hasta junio de 2028, en medio de un intenso debate legislativo sobre la reorganización del Poder Judicial y las implicaciones operativas del nuevo modelo electoral. El dictamen fue avalado con 341 votos a favor, 124 en contra y ninguna abstención.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y abonada por diversas propuestas de legisladores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, modifica diversos artículos de la Constitución relacionados con la elección de jueces, magistrados y ministros. Entre los cambios más relevantes destaca la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que quedará integrada por nueve ministros y funcionará en Pleno y en dos secciones.

La reforma establece nuevos mecanismos para la selección de candidaturas judiciales mediante Comités de Evaluación integrados por especialistas en materia jurídica. Cada uno de los poderes de la Unión contará con un comité encargado de revisar perfiles, aplicar evaluaciones y seleccionar a las personas con mejores calificaciones técnicas y trayectoria profesional. Además, se crea una Comisión Coordinadora que homologará criterios de evaluación y verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales.

El nuevo esquema contempla que cada poder postule dos candidaturas por cargo, garantizando la paridad de género. Posteriormente, las listas serán depuradas mediante insaculación pública para definir las candidaturas finales que aparecerán en las boletas electorales.

La organización de las elecciones judiciales quedará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá dividir los circuitos judiciales en distritos y diseñar boletas diferenciadas por especialidad, género y poder postulante. La ciudadanía podrá votar por una candidatura por especialidad, mientras que el conteo de votos se realizará en las mismas casillas donde se emitan los sufragios.

El dictamen también establece que las autoridades electorales no podrán modificar los resultados una vez concluida la elección. Los cargos serán asignados a quienes obtengan la mayor cantidad de votos, respetando criterios de integración paritaria en los órganos judiciales.

Otro de los puntos relevantes es que las vacantes de jueces y magistrados deberán cubrirse en la elección inmediata posterior. Asimismo, las personas juzgadoras que aspiren a otro cargo deberán separarse previamente de sus funciones mediante renuncia irrevocable.

En los artículos transitorios se precisa que todos los cargos judiciales pendientes de renovación se elegirán en 2028. Las y los juzgadores cuyo periodo concluiría en 2027 permanecerán en funciones hasta la toma de protesta de quienes resulten electos. Lo mismo aplicará para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que el aplazamiento responde a la complejidad de organizar simultáneamente las elecciones federales, locales y judiciales previstas para 2027. Según el INE, la coincidencia de estos procesos implicaría retos normativos, logísticos, tecnológicos y presupuestales de gran magnitud.

Tras la aprobación en lo general, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decretó un receso para continuar la discusión en lo particular y analizar las reservas presentadas por distintos grupos parlamentarios.