Xalapa, Ver. 12 Noviembre 2026.- La Mesa Directiva turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Vigilancia, la iniciativa de la diputada Naomi Edith Gómez Santos, mediante la cual propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y adicionar un párrafo al Artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, con el objetivo de fortalecer la supervisión de la obra pública municipal y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

En tribuna, la legisladora señaló que existen vacíos legales que permiten que las obras inconclusas pasen de una administración a otra sin responsables ni plazos definidos para determinar su continuidad, exigir el cumplimiento de los contratos o hacer efectivas las garantías, “estas omisiones propician que las obras queden abandonadas, se pierdan recursos públicos y se trasladen irregularidades de una administración a otra sin una respuesta oportuna”, expuso.

Entre las medidas propuestas destaca que, cuando una obra permanezca suspendida o sin registrar el avance programado durante más de 30 días naturales, el titular de Obras Públicas deberá informar por escrito al Cabildo, la Sindicatura y las regidurías correspondientes. A partir de esta notificación, el Cabildo contará con un plazo máximo de 30 días hábiles para determinar las acciones necesarias para concluir los trabajos o hacer efectivas las garantías.

Asimismo, la Tesorería municipal deberá llevar un registro de estas garantías, verificar su vigencia antes de autorizar pagos y notificar oportunamente a la Sindicatura sobre sus vencimientos.

La iniciativa también contempla la creación de un Padrón Municipal de Vialidades y Obra Pública, público y georreferenciado, que permita consultar la ubicación, el estado físico, los costos, los pagos y las garantías de cada proyecto, además de contar con evidencias fotográficas, el cual deberá actualizarse al menos cada seis meses y publicarse en el portal de transparencia municipal.

Cualquier persona podrá reportar ante la Contraloría posibles inconsistencias entre la información registrada y las condiciones reales de una obra, las cuales deberán verificarse en un plazo de 20 días hábiles.

Por otra parte, propone que los Ayuntamientos entrantes determinen, mediante acuerdo de Cabildo y dentro de los primeros 60 días naturales de su instalación, el destino de las obras inconclusas que reciban. Para los proyectos cuya ejecución trascienda el periodo de la administración municipal, deberán presentarse programas físicos y financieros por ejercicio presupuestal; además, las solicitudes de nuevos empréstitos deberán incluir información sobre las obras financiadas con créditos anteriores que continúen en ejecución o permanezcan suspendidas.

Cuando una obra financiada con empréstito autorizado por el Congreso del Estado permanezca inconclusa por más de 90 días naturales, el Ayuntamiento deberá informar a éste y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), sobre su estado físico y financiero, el saldo insoluto del crédito con su soporte documental y las acciones emprendidas para su conclusión, y en adelante lo hará semestralmente hasta que la obra concluya o se resuelva en definitiva su situación.

En materia de fiscalización y participación ciudadana, se convocaría a los Comités de Contraloría Social a los actos de entrega-recepción de las obras, a fin de que puedan expresar sus inconformidades y estas queden asentadas en las actas correspondientes.

Asimismo, los reportes de conclusión de obra presentados ante el Orfis deberán acompañarse del acta respectiva y de evidencia fotográfica georreferenciada y fechada, debiendo verificar anualmente en campo una muestra de los trabajos reportados como terminados y publicar los resultados.

“Estas medidas buscan prevenir el abandono de obras, proteger los recursos públicos, garantizar la continuidad de los proyectos y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la población”, finalizó la legisladora.

A la propuesta se adhirieron los Grupos Legislativos de los Partidos Morena y del Verde Ecologista de México (PVEM), así como las diputadas Elizabeth Morales García y María Elena Córdova Molina y los diputados Ramón Díaz Ávila y Adrián Sigfrido Ávila Estrada.