Autonomía universitaria bajo asedio

Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

Las libertades de creer, pensar, expresar las ideas y poder escribirlas para su difusión son derechos humanos que la Constitución no otorga, sino reconoce. De igual manera, nuestra Ley Fundamental, de manera expresa, reconoce en su artículo 3º la autonomía de las universidades públicas como un derecho social que les garantiza la libertad de cátedra, investigación, así como de la difusión de la cultura y del conocimiento. 

La autonomía universitaria permite además a las universidades gobernarse a sí mismas para cumplir sus fines, sin presiones ni injerencia de agentes externos; lo cual constituye uno de los pilares más sólidos de la vida democrática de nuestro país. Es una garantía institucional indispensable para asegurar el derecho humano a la educación superior.

En la actualidad el baluarte que representa la autonomía universitaria enfrenta una nueva embestida en el ámbito local. Los recientes acontecimientos en torno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) han encendido las alertas sobre el retorno de prácticas intervencionistas gubernamentales.

De manera reciente, el Congreso de Michoacán reformó diversos artículos de la Ley Orgánica de esa institución de educación superior sin contar con el consenso de la comunidad universitaria y emitió un decreto para posponer —hasta 2031— la primera elección democrática para renovar la rectoría de esta casa de estudios.

Con independencia de si una elección directa de la comunidad universitaria integrada por más de 60 mil estudiantes, docentes y trabajadores es el mejor método para elegir a sus máximas autoridades, esta decisión ya fue tomada desde hace tiempo por la propia comunidad; y su consejo universitario —que es el máximo órgano de gobierno— había emitido la convocatoria para la elección de la próxima persona titular de la rectoría, cuyo relevo debe concretarse antes del 8 de enero de 2027, fecha en que concluye el mandato de la actual rectora, Yarabí Ávila González.

Frente a lo que calificó como una “inadmisible intromisión” y un atropello a la legalidad constitucional, el propio consejo universitario rechazó la reforma legislativa por considerar que el Congreso carece de facultades para suprimir la democracia interna o imponer a sus autoridades, y adoptó una ruta de resistencia institucional y jurídica.

Frente a esta preocupante situación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha exigido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Michoacán el cese inmediato de cualquier acto que transgreda las decisiones autonómicas nicolaítas, recordando que, si un Congreso local puede suspender por decreto los procesos internos de una universidad, la autonomía en todo México corre el riesgo de extinguirse.

De manera reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de la Universidad Autónoma de Nayarit e invalidó la intromisión de autoridades externas en la elección rectoral, pero este embate contra la Universidad Michoacana representa una nueva amenaza que exige de los universitarios de todo el país defender lo que con tanto trabajo se ha conquistado.

Y es que cuando el poder político intenta subordinar a las universidades públicas o capturar sus órganos de gobierno, se socava su esencia crítica y humanista. Recordemos que la autonomía universitaria no es una concesión del poder público, sino una conquista histórica forjada desde la gesta estudiantil de 1929.

Como Corolario, la frase del rector Javier Barros Sierra: “La autonomía no es una idea abstracta; es el ejercicio cotidiano de la libertad y la responsabilidad universitaria frente a toda forma de intolerancia”.


Descubre más desde

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.