La Guardia Nacional y sus leyes secundarias

México tiene menos de la tercera parte de los

policías preventivos que idealmente debería tener

 

Raúl Contreras Bustamente

 

El primer deber del Estado Constitucional es garantizar la seguridad, certeza jurídica y justicia a su población. La inseguridad pública sigue siendo –sin duda– el tema que más preocupa a la mayoría de los mexicanos.

El pasado 27 de mayo fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias que dan sustento a la reforma constitucional reciente mediante la cual se creó la Guardia Nacional. Estas leyes reglamentarias constituyen el marco jurídico que determina la estructura, dirección y coordinación –en los diferentes niveles de gobierno– respecto de la Guardia Nacional.

Se trata de tres leyes: la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y además, una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La reforma constitucional determinó que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una naturaleza de órgano administrativo desconcentrado.

Desde el inicio de la actual administración se ha querido hacer creer que la creación de esta nueva institución de seguridad será la clave para combatir a la epidemia de violencia e inseguridad que desde hace años ha venido azotando a nuestro país.

Confiamos en que la creación de la Guardia Nacional será un factor importante para fortalecer el combate frontal a la delincuencia y al crimen organizado, pero es importante tomar en cuenta que por sí sola no podrá resolver el problema.

Se prevé que para finales de año, los guardias de este cuerpo de seguridad alcancen los 80 mil elementos. El número puede parecer impactante, sin embargo, si este número es dividido entre las 32 entidades federativas, se tendrían sólo 2,500 guardias por cada una de ellas, para cubrir los tres turnos, fines de semana y días festivos.

Si además se divide el número de guardias entre los 2,457 municipios que el Inegi reporta que existen, corresponderían 32.5 elementos por municipio. De tal suerte que serán claves los criterios mediante el cual serán distribuidos los efectivos a lo largo del territorio nacional.

Y es que según la Organización de las Naciones Unidas el número ideal de policías que se debe tener por cada mil habitantes es de 2.8. En México, al 31 de enero de 2017, la federación y las entidades federativas en conjunto registraron sólo un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes. De tal suerte que el país tiene menos de la tercera parte de los policías preventivos que de manera ideal debería tener.

Ello infiere la necesidad de que además de la Guardia Nacional se contemplen medidas que sigan implementando la profesionalización de los policías estatales y municipales y la impostergable dotación presupuestal para pagarles salarios dignos y dotarlos de seguridad social digna y suficiente.

Además, resulta fundamental concitar la colaboración –real y efectiva– de todos los órdenes de gobierno en materia de seguridad pública que la Constitución mandata –y que fue retomada por las leyes secundarias aprobadas–, porque somos un país federal y es indispensable que todos los órdenes de gobierno se hagan responsables.

La vía es fortalecer y construir instituciones del Estado que lleven a cabo un ejercicio legal, eficaz y legítimo de la fuerza y cumplan con los fines esenciales de convivencia pacífica de nuestra sociedad.

Como Corolario, las palabras de Victor Hugo: “Todo poder es deber”.

(Tomado de Excelsior 08 06 19)