Aprueba Cámara de Diputados, en lo general, Ley Nacional de Extinción de Dominio

Ciudad de México, 25 de julio de 2019.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, con el objetivo de actualizar y fortalecer esta figura, y contemplarla como un mecanismo de recuperación de activos para el Estado mexicano, a fin de darle mayor eficiencia y solidez.

Serán hechos susceptibles de la extinción de dominio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política: delincuencia organizada; secuestro; delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.

El documento avalado en lo general por 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones en la Sesión del Tercer Periodo Extraordinario, también reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El dictamen precisa que las disposiciones de la ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la extinción de bienes a favor del Estado por conducto del gobierno federal y de las entidades federativas; el procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Asimismo, los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, y los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, su destrucción.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), expresó que dado los fenómenos de inseguridad y violencia en que se ha visto inmerso el país en las últimas décadas, uno de los temas pendientes ha sido el fortalecimiento de los mecanismos que permitan debilitar a los grupos delincuenciales en su flanco más rentable; sus recursos y activos económicos.

La expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y correlativas reformas a otras leyes secundarias, deben tener como fin el instalar un nuevo régimen que permita hacer de la recuperación de activos una política de Estado. “Era necesario generar una reforma que en principio desvinculara la extinción del procedimiento penal”, destacó.

Mencionó que la ley contempla el principio de retrospectividad, que permitirá que la aplicación de la extinción de dominio se realice sobre bienes de origen ilícito sin consideración de temporalidad. “Será una herramienta eficaz para poder recuperar activos relacionados con el crimen organizado y con la comisión delictiva”.

Ortega Martínez precisó que la extinción dentro de la ley representa la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la Ley. Esta merma será declarada por sentencia de una autoridad judicial y no conlleva a una contraprestación ni compensación.

Agregó que será obligación del aparato legislativo vigilar y observar el desempeño de esta figura y si efectivamente se convertirá en la herramienta contra el crimen y la impunidad. “De no ser así, podremos generar los cambios para perfeccionarla, pues la ley contempla un plazo de un año para que se haga una revisión integral. Era un pendiente para el Congreso; demos un paso hacia el combate a la impunidad; la extinción será un aliciente muy importante en esta lucha”.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que el dictamen permitirá al Estado en su conjunto, a la Federación y a las entidades federativas, combatir el fenómeno delincuencial en uno de los aspectos que realmente conducen al debilitamiento del crimen organizado: su economía.

Indicó que la extinción de dominio es una figura que en el plano internacional ha dado buenos resultados, pero que en México, desde su incorporación, no había logrado ser el engranaje que engarce una estrategia que enfrente al hampa con la inteligencia institucional, atendiendo las causas, desmantelando estructuras, quitándoles viabilidad financiera y erradicando la impunidad.

Dicha figura, abundó, es hasta ahora una herramienta subutilizada en la que ya se habían identificado carencias, insuficiencias e imprecisiones. La normatividad permitirá al Estado recuperar bienes y recursos de los que se hizo el hampa mediante delitos que más daño infringen a nuestra sociedad: corrupción, delincuencia organizada, secuestro, huachicoleo, narcotráfico, trata de personas, encubrimiento, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos.

Resaltó que se instaura el Gabinete Social de la Presidencia de la República como la instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales y obtenidos mediante extinción de dominio. Tendrá como función definir y supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales, mediante los cuales se determine la pertinencia de la asignación o transferencia de bienes.

“Hoy dotamos a la nación de una legislación que debe responder de manera efectiva, eficaz y directa a cuestiones de Estado de manera urgente. Estamos dotando de elementos para debilitar contundentemente a los grupos criminales que se han enquistado en México. Lo que se obtuvo generando grandes daños a las víctimas se deberá encauzar a reparar, a construir y a fortalecer a México. Hoy damos un paso definitivo para decirle a la delincuencia: ¡basta!”, añadió.