Nueve buscan cuidar el dinero del pueblo

Arturo Reyes Isidoro

 

Como pocas veces, o creo que como nunca antes, el interés por dirigir el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ha movido a nueve veracruzanos (pueden registrarse más, o pueden ser menos si alguno desiste), incluido el actual titular Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, a inscribirse en el proceso, que comenzó ayer martes y que concluirá el 26 de septiembre cuando el Congreso del Estado a través de su Comisión de Vigilancia otorgue el nuevo nombramiento e instale formalmente al nuevo auditor en jefe.

El Órgano de Fiscalización Superior es un organismo autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso del Estado en el desempeño de su función de fiscalización superior. Tiene sustentos legales.

Los nueve aspirantes son René Mariani Ochoa, Iván López Fernández, Sergio Vásquez Jiménez, Víctor Molina Barrón, Arturo Rivera Hernández, José Eufracio Lira, Raúl Morales Flandes, Javier Cruz Salas y el ya mencionado Portilla Vásquez. Está por verse si todos se inscriben finalmente antes del 2 de septiembre que tienen como fecha límite para hacerlo, y si cumplen con los requisitos de la convocatoria.

Es importante que tantos deseen cuidar el patrimonio de los veracruzanos, el buen uso de los recursos del erario. Eso habla bien del creciente interés por participar en los asuntos públicos que atañen a todos los veracruzanos, en especial este, enfocado a combatir la corrupción. Todos son dignos de respeto aunque algunos sean objeto de señalamientos pero, que se sepa, no han sido imputados por autoridad ministerial alguna.

De esos nueve, o del número total que se registren, a la final solo llegarán tres, tercia de la que saldrá el nuevo titular.

Con la emisión de la convocatoria se descartó la reelección en automático de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, pero eso no le impide que se registre para aspirar a un nuevo periodo, o sea, no puede ser reelegido pero sí designado para una nueva gestión más.

El ORFIS, pues, es un organismo autónomo pero su dirección está en manos de los doce diputados que forman la Comisión de Vigilancia. Creo que será determinante la tarea que realicen el presidente y la secretaria de la Comisión, Eric Domínguez Vázquez y Mónica Robles Barajas.

Conozco y he tratado a algunos de los aspirantes. A otros no. Unos, más que otros tienen simpatizantes, de estos algunos movidos por algún interés personal en que quede su gallo; unos tienen más méritos y experiencia que otros e incluso son más conocidos porque han estado ya en la función pública y expuestos a los medios.

Hasta ahora no se sabe que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tenga interés en especial por alguno, aunque creo que un factor que determinará el resultado serán las circunstancias políticas circunscritas ahora al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su proyecto de llevar a la gubernatura a su hijo del mismo nombre.

No es secreto el pleito político devenido en personal del presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernante panista al que culpa incluso de haber dejado al fiscal general del Estado. Necesariamente la riña se extiende a todo el morenismo, que incluye al gobernador del Estado. Ellos saben bien que un regreso al Palacio de Gobierno del grupo yunista azul traería aparejada una persecución contra ellos.

Ahí entra la circunstancia. Doy por hecho, por la información que tengo, que van a intentar frenarlo e impedir su crecimiento por todos los medios, uno de ellos a través de la inhabilitación legal de los más que se pueda de su grupo con base en denuncias sustentadas con pruebas por el ejercicio indebido del servicio público. Pretenden impedir que gane posiciones en las elecciones intermedias de 2021.

El tiempo lo tienen encima, necesitan actuar ya, tener pruebas, denuncias sólidas, y quien las ha hecho, las ha presentado y tiene abiertas otras carpetas de investigación es el actual titular del ORFIS.

Seguramente los diputados de MORENA y sus aliados evaluarán la conveniencia de sostener a quien, desde el terreno técnico-legal, les puede resultar el mejor aliado que los ayude, así sea tangencialmente, contra su enemigo y a evitar las consecuencias personales y políticas que pagarían por no haber actuado a tiempo, como en su momento no lo hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, en el caso del fiscal Winckler.

Me llama la atención que aunque en meses anteriores algunos diputados morenistas habían hablado de la necesidad de un cambio de auditor superior, en la convocatoria que se acaba de emitir dejaron abierto el camino para que Portilla Vásquez se inscriba al no ponerle ninguna traba, es decir, le despejaron el camino de entrada.

Pero la ruleta de nombres y aspirantes ha comenzado a girar y en tanto no se diga la última palabra todos tienen posibilidades de ser el nuevo titular.

Condenable, la censura

Quien conoce la oficina del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, sabe perfectamente bien que a través de varios monitores, de cámaras que registran todos los movimientos dentro y fuera del edificio de la dependencia, se da cuenta quién llega a la recepción para tratar de ingresar por algún asunto que quiera tratar.

Por eso, él bien supo que abajo estaban las reporteras Noemí Valdez y Gabriela Rasgado, de Notiver y del Grupo Oliva Radio, respectivamente, para tratar de cubrir la conferencia de prensa que iba a dar, pero ordenó que no pasaran. Las censuró, con ellas también a sus medios y en general coartó el derecho a la información.

Su acción, a todas luces reprobable y condenable, desdice las repetidas declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que en su administración no hay censura contra ningún medio y que está garantizada la libertad de expresión.

A mis compañeras les expreso mi solidaridad y todo mi respaldo a su trabajo, así como a sus medios (en Notiver me consideran de casa, mi casa). En este espacio dejo constancia de mi protesta por acto que atenta también contra el derecho de los veracruzanos a estar informados.

La acción del secretario no puede entenderse más que como otra forma de agresión contra un periodista veracruzano, en este caso dos reporteras.