Columnas

La CIDH frente a la pandemia

Raúl Contreras Bustamante

 

El pasado 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la resolución 1/2020 para pronunciarse respecto a varios aspectos importantes derivados de la emergencia sanitaria global que enfrenta el mundo entero, dirigido de manera especial a los miembros de la Organización de los Estados Americanos.

La principal preocupación de la CIDH son los efectos que las medidas de contención, que han sido dictadas para enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia en todo el continente, no vayan a excederse y a derivar en violaciones graves a los derechos humanos.

A través de decretos presidenciales u otros actos de diferente naturaleza jurídica —como es el caso de los Acuerdos de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada hace semanas en nuestro país— se ha buscado proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios.

De esta manera, en toda América se han restringido derechos tales como: la libertad de tránsito, reunión, trabajo, comercio o el acceso a la educación, como medidas de aislamiento de carácter preventivo.

La CIDH ha hecho un llamado a los Estados miembros para que las restricciones de derechos o garantías que adopten deban ajustarse a los principios pro persona, de universalidad, proporcionalidad, temporalidad; y que su única finalidad deba ser el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral de la población.

Se recomienda que las medidas para el combate a la emergencia sanitaria no se hagan de manera desproporcionada y que sean cuidadosas de los grupos vulnerables —como personas en situación de calle, comunidades indígenas, niños y otros más— y se les brinde protección adicional.

La Comisión Interamericana está consciente del desafío que los sistemas de salud de la región enfrentan en su lucha ante el COVID-19, y ante el temor de que puedan verse rebasados frente a la magnitud de la pandemia, hace un llamado para que se tomen las providencias para proteger a todas aquellas personas que viven en pobreza o que no cuentan con cobertura médica o seguridad social.

Además, recomienda que se adopten —de manera inmediata— planes para la recuperación social y económica, apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos. No se trata de actos de buena voluntad de los Estados, sino de sus compromisos asumidos, que, de acuerdo al principio de convencionalidad, son obligatorios para todos.

Es cierto que la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero habrá que admitir que la situación se recrudece en nuestro continente —de manera especial en Latinoamérica— porque es la región más desigual del planeta y donde la marginalidad y pobreza son una constante en todos los Estados de la región.

Esta crisis sanitaria debe dejar lecciones positivas importantes, como entender, prever y resolver problemas imperdonables como: la falta o precariedad en los servicios de agua potable, la contaminación ambiental o la falta de viviendas dignas que padecen millones de personas. Porque hay estudios científicos que auguran que la globalidad habrá de producir en el futuro otros fenómenos sanitarios contagiosos como el que estamos enfrentando.

El llamado a los gobiernos de las Américas es para que deban recordar —y tengan plena conciencia— que los derechos humanos que hoy gozamos son producto de la conquista de muchas generaciones y que el combate a la emergencia sanitaria no debe ser el pretexto para conculcarlos o de plano ignorarlos.

Como Corolario, la frase de la exsecretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan: “Ninguna causa puede justificar el abuso de los derechos humanos”.