Columnas

Amnistía, una deuda histórica

Raúl Contreras Bustamante

 

Bajo el argumento de disminuir el riesgo de contagio de la pandemia por COVID-19 entre las personas que se encuentran recluidas en los penales del país —la mayoría con sobrepoblación— el Senado de la República aprobó esta semana la Ley de Amnistía, que de manera inmediata fue publicada por el Presidente de la República.

La aprobación de esta legislación estaba detenida, pues generó un gran debate desde el inicio de su presentación en la Cámara de Diputados, ante la polarización causada en la opinión pública debido a que no bajan las cifras de los indicadores de la comisión de delitos; aunado a las críticas y los argumentos de que se trataba de un indulto.

La ley decreta amnistía en favor de quienes ya hayan sido procesados y tengan sentencia firme. Establece la eliminación de la acción penal y la condonación de la pena, pero mantiene la subsistencia de la responsabilidad civil y —algo digno de destacar— dejando a salvo los derechos de las víctimas y de terceros que puedan exigirlos.

Los delitos previstos dentro de la nueva Ley de Amnistía son: el aborto —en cualquiera de sus modalidades— contemplando también a médicos y familiares que hubieran auxiliado el acto; las personas indígenas acusadas, procesadas y sentenciadas por cualquier delito, cuando estos no hayan tenido acceso a intérpretes o defensores en su lengua y cultura.

De igual manera, en los casos de delitos contra la salud, favorece a las personas en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad y discapacitadas de forma permanente, y a aquellas cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, pariente o por temor fundado, así como por haber sido obligada por grupos de delincuencia organizada. Asimismo, en el caso de consumidores de droga cuya posesión no excediera dos tantos de la dosis personal permitida.

También favorecerá a personas que cometieron el delito de robo simple sin violencia y aquellas procesadas por delito de sedición, siempre que no se trate de terrorismo o se haya privado de la vida en la comisión de dicho delito.

No se concederá amnistía a quienes hayan cometido el delito de secuestro o cuando hayan utilizado, en la comisión del delito, armas de fuego, ni a quienes hayan cometido delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, los contemplados por el artículo 19 constitucional.

Hay que reconocer los aspectos positivos de la Ley de Amnistía, puesto que busca saldar una deuda histórica en materia de justicia que se ha tenido con grupos vulnerables como lo son: las mujeres, los indígenas y las personas en condición de pobreza, que al no tener las posibilidades de una adecuada defensa, han pasado años en prisión compurgando una pena injusta o excesiva.

Las críticas de la oposición —y de algunos sectores de opinión— se centran en que la ley no va a servir para cumplir la finalidad de contribuir al combate de la pandemia, ya que sus efectos no son oficiosos, lo que implica que las personas que quieran ser favorecidas por la nueva ley deberán solicitarlo a una Comisión, que en un futuro se integrará para tales efectos.

Además, porque se trata sólo de algunos delitos federales y la mayoría de las conductas antijurídicas sancionadas, son delitos del fuero común. Falta mucho tiempo para saber si los Congresos locales seguirán la línea propuesta por el gobierno federal, pues las entidades federativas son soberanas en emitir sus propias legislaciones. Es decir, nadie saldrá de prisión amnistiado de forma inmediata.

Como Corolario, la frase del filósofo francés Voltaire: “Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente”.

(Tomado de Excélsior 25/04/2020)