Columnas

Protección de los derechos humanos

Raúl Contreras Bustamante

 

El pasado 10 de junio se cumplieron nueve años de una de las reformas más trascendentes de nuestra historia constitucional: La enmienda en materia de derechos humanos aprobada por el Poder Constituyente Permanente en el año 2011, la cual representó un verdadero nuevo paradigma al cambiar la forma de comprender y aplicar los derechos fundamentales.

A partir de esa modificación, el artículo 1º de nuestra Carta Magna establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se considerarán en el mismo nivel que la propia Constitución y por encima de la legislación federal.

La reforma adoptó el principio pro-persona, lo que significa que cuando un juez o autoridad tenga que elegir qué norma deberá aplicar en un caso concreto, estará obligado a elegir la que más le favorezca al individuo, sin importar la jerarquía de la legislación aplicable. Dentro de las más importantes aportaciones de la reforma está la determinación de los principios de: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Del principio de universalidad se desprende que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Por su parte, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos implican que están vinculados entre sí y que son inseparables, es decir, son infragmentables. En cuanto al principio de progresividad, implica que los derechos humanos deberán observarse y defenderse de manera gradual, sin involuciones ni retrocesos para lograr su pleno cumplimiento.

La reforma estableció como obligaciones para todos los servidores públicos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin importar su ámbito de competencia. Todo lo anterior implica obligaciones, responsabilidades y compromisos educativos de la mayor trascendencia, pues, sólo se puede defender y exigir aquello que se conoce. Y, es que, según datos de la Encuesta Nacional Derechos Sociales y Cohesión Social 2018, más del 46% de los mexicanos desconoce cuáles son sus derechos.

Se requiere entonces que en las instituciones públicas exista una verdadera convicción de hacer prevalecer la aplicación y respeto de los derechos humanos para que no queden como meras declaraciones semánticas y dejen de ser sólo un disfraz de la realidad.

México sigue siendo un país de marcados contrastes y problemas endémicos, como la pobreza, desigualdad social, discriminación, corrupción, abuso de poder y la impunidad, que a diario ponen en serio predicamento el disfrute eficaz, pleno y digno de los derechos fundamentales.

Nuestro ordenamiento constitucional dispone la instauración de organismos de protección de los derechos humanos que están amparados en el orden jurídico mexicano, dotados de autonomía y personalidad jurídica para su actuación.

Todo lo anterior viene a raíz de la noticia de que se pretende modificar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para convertirla en la “Procuraduría de los Pobres”, como análogo o equivalente de una defensoría del pueblo.

Si bien resulta indiscutible que se deben cuidar y hacer prevalecer los derechos de los grupos vulnerables, no hay que olvidar que la defensa de los derechos humanos, frente a quienes ejercen el poder político, tiene que, y debe, hacerse en favor de todas las personas, sin distinción.

Como Corolario las palabras de Luigi Ferrajoli al definir lo que son los derechos fundamentales: “Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar”.