Columnas

Contra el trabajo infantil

Raúl Contreras Bustamante

 

En medio de esta terrible pandemia que azota al mundo, no todas las noticias han sido malas. Hace unos días, se supo de la ratificación —por parte del Reino de Tonga— del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo infantil, lo cual representa un hecho histórico, pues por primera vez en la historia de la OIT todos sus Estados miembros han ratificado una convención internacional en materia del trabajo.

La ratificación universal del Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil establece la prohibición y la erradicación de prácticas abominables, tales como la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de niñas y niños. Se prohíbe la utilización de niños en conflictos armados, la prostitución, la pornografía y actividades ilícitas como el tráfico de drogas, así como en trabajos peligrosos. México ya había ratificado ese Convenio desde el año 2000.

Las estimaciones globales indicaban que en el año 2017 más de 152 millones de niños trabajaban en todo el mundo. Una cifra que causa horror y vergüenza.

Con independencia de esa obligación convencional, el artículo 4º de nuestra Constitución establece el derecho que los niños y niñas tienen a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Luego entonces, es una obligación del Estado velar por la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial, su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y sicológico.

Es importante señalar que no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que deba prohibirse, pues la participación de las niñas, niños y adolescentes puede admitirse en aquellas actividades tales como la ayuda en el hogar o en el negocio familiar —realizadas fuera del horario escolar—que son tareas que reportan un beneficio en el desarrollo de la infancia, ya que les proporcionan experiencias que desarrollan distintas habilidades y son un acercamiento al sentido de responsabilidad, abonando así a la formación de miembros productivos de la sociedad.

Según datos oficiales, en el año 2019, de los más de 126 millones de mexicanos, las niñas y niños de 0 a 17 años representan poco más del 31% de la población: más de 39 millones. Lo anterior significa que casi una tercera parte de nuestra nación, son niñas y niños, lo cual profundiza la importancia de su protección.

Hoy, con la crisis generada por la aparición del covid-19, se estima que el aumento de la pobreza en el mundo obligará al incremento en casi un punto porcentual el trabajo infantil en el orbe. Esto significa que las niñas y niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas y, en peores condiciones, lo que de manera lamentable va a causar un daño significativo a su salud y a su seguridad, además de impedirles el pleno acceso al derecho humano a educarse.

México no se puede permitir desperdiciar el potencial humano de una generación de mexicanos por esta grave situación. El gobierno —en sus tres niveles: federal, estatal y municipal— debe reafirmar su compromiso por la protección de los derechos de la niñez, ya que este importante capital humano será clave en nuestro desarrollo como país.

Tiene que quedar claro que proteger el presente de nuestras niñas y niños es garantizar el futuro de nuestra nación.

Como Corolario, la dura frase del siquiatra estadunidense Karl Menninger: “Lo que se hace a los niños, los niños harán a la sociedad”.

(Tomado de Excélsior 15-08-2020)