México

Cámara de Diputado aprueba proceder contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca

  • Se erige en Jurado de Procedencia para resolver la petición formulada por la Fiscalía General de la República.

Ciudad de México, 30 de abril de 2021.- Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho, dijo que con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se hace la siguiente declaratoria:

Primero: Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Segundo: Comuníquese la presente resolución al Congreso del estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero: Notifíquese, en términos de la normatividad aplicable, el sentido de la presente resolución.

La diputada Sauri Riancho señaló que esta presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para que realice las notificaciones correspondientes.

La petición de declaración de procedencia fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, de la Fiscalía General de la República.

Previamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, mencionó que ni el imputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, ni su defensa, presentaron incidente alguno de recusación. Tampoco se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas o los diputados que integran el Jurado de Procedencia.

La Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio lectura a los documentos de notificación personal, relativos a la cita para esta sesión, tanto a los agentes del Ministerio Público de la Federación y al ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Además, leyó la síntesis y conclusiones del dictamen de la Sección Instructora para conocimiento de la Asamblea. 

Por instrucción de la presidencia de la Mesa Directiva, se dio cuenta de un escrito del imputado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, donde manifiesta que “es mi derecho no asistir a la sesión de Jurado de Procedencia y que seré representado en la misma por mi abogado defensor. Pido tenerme por comparecido, en los términos del presente escrito acordando de conformidad con lo solicitado respetuosamente”.

Añadió que ratificó la designación como representante común de su defensa a favor de Alonso Aguilar Zinser.

La fiscal titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Elizabeth Alcantar Cruz, expuso los hechos sustanciales de la solicitud de declaratoria de procedencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Mencionó que el 30 de abril de 2020 Cabeza de Vaca presentó ante el Servicio de Administración Tributaria su declaración anual del ejercicio fiscal 2019 en la que consignó ingresos menores a los realmente obtenidos causando con ello un perjuicio al fisco federal por dejar de pagar la contribución correspondiente. La Procuraduría Fiscal de la Federación, acorde a sus atribuciones, hizo un cálculo de un perjuicio de 6 millones 511 mil 767 pesos como daño al fisco federal. 

Por ello, solicitó a la Cámara de Diputados que declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que la Fiscalía de la Federación ejerza acción penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Vía plataforma digital, Alonso Aguilar Zinser, abogado defensor, puntualizó que el gobernador no omitió declarar sus ingresos acumulables. “Nosotros acreditamos que los 42 millones 113 mil 844 pesos constituyeron el monto del precio por la venta del departamento ubicado en la colonia Santa Fe, adquirido por el gobernador y su esposa”.

Precisó que “no hay ninguna prueba de que la familia del gobernador tenga los novecientos y cientos de millones de pesos de los que hablan; “si existe esa prueba, hubieran venido a la Cámara de Diputados a pedir el desafuero por todas esas operaciones”.

Reiteró que la única operación que realizó el gobernador es que le vendió a una empresa un departamento y esa empresa acreditó ante el notario su legítima constitución, estar al corriente del pago de sus impuestos y que el dinero provenía de recursos bancarios.

Refirió que la mayoría de las manifestaciones que hace la Fiscalía no obran en el expediente de la Sección Instructora y no fueron aportadas en su momento por la Fiscalía; por lo tanto, no forman parte de la litis. “Lo que se votará es el dictamen propuesto por la Sección Instructora en el que quedó fuera los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Mencionó que el 19 de marzo 2021 se realizó una audiencia pública en la que, por solicitud de la Sección Instructora, compareció el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Procurador Fiscal de la Federación donde se proporcionó información no corroborada, lo que originó una percepción pública de que el gobernador está acusado de conductas que no cometió.

Por ello, solicitó al Pleno de la Cámara de Diputados, constituido en Jurado de Procedencia, que deseche el dictamen porque de aprobarse se seguirá propiciando la vulneración del derecho de presunción de inocencia del gobernador.

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