Columnas

Periodismo: contrapeso del poder

Raúl Contreras Bustamante

Dentro de la teoría de la constitución se utiliza una clasificación de las formas de gobierno para catalogar y estudiar a los gobiernos democráticos, así como para distinguirlos de aquellos de carácter autocrático.

Una característica esencial de los gobiernos que practican la democracia es el respeto a un amplio catálogo de libertades ciudadanas, de manera muy especial, la libertad de expresión. La deliberación y el intercambio de ideas sería imposible sin la facultad que tenemos las personas de poder exteriorizar nuestro pensar y sentir; sin olvidar que la libertad de expresión es un derecho clave para el ejercicio de otras prerrogativas fundamentales.

Las garantías a la libre manifestación de las ideas se encuentran consagradas en los artículos 6º y 7º de nuestra Carta Magna. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas —ya sea de manera oral, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información—, la cual no puede estar sujeta a censura.

Una variante importantísima de la libertad de expresión lo constituye la libertad de prensa, la que permite a quien ejerce el periodismo llevar a otro nivel dicha potestad, pues es a través del periodismo que se informa y opina a la ciudadanía acerca de temas trascendentales de la vida pública del país.

El ejercicio responsable del periodismo constituye uno de los más importantes contrapesos al poder público, político y fáctico. Por tal motivo, la labor de informar con frecuencia suele incomodar a los detentadores del poder, pues suponen una vigilancia constante que limita o impide su quehacer.

El ejercicio libre de la prensa y comunicación es una actividad que en nuestro país se ha convertido en un alto riesgo. Las estadísticas nos dicen que dentro del periodo del 2000 a junio de 2021 han sido asesinados 140 periodistas en México, de ellos 129 eran hombres y 11 mujeres.

Sin embargo, el problema permea en todas las latitudes del mundo, pues de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, el número de periodistas asesinados en el orbe aumentó más del doble en el año 2020.

La consagración y consecuente protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa ha sido materia de importantes instrumentos internacionales que imponen una serie de obligaciones convencionales para los Estados firmantes.

En consecuencia, en 2012 se promulgó en México la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y dicha norma dio origen al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que cuenta con mil 478 personas inscritas, provenientes de la mayoría de las entidades federativas.

Aunque sin duda se trata de un importante esfuerzo por parte del gobierno federal, ha sido insuficiente, pues nuestro país figura —junto con Afganistán— como uno de los dos países más letales para ejercer el periodismo en todo el orbe.

El fenómeno requiere de la colaboración efectiva de todos los niveles de gobierno, toda vez que las estadísticas señalan que servidores públicos son responsables de estar detrás de 4 de cada 10 ataques en contra de quienes ejercen el periodismo, sobre todo, en el ámbito municipal y estatal.

Proteger y fortalecer un periodismo libre es abonar en la construcción de una ciudadanía pensante y comprometida, pues sin libertad de expresión no puede existir un gobierno democrático.

Como Corolario la frase de mi gran amigo político, académico y periodista, José Elías Romero Apis: “El mejor contrapeso del poder es la crítica que proviene de las libertades de pensamiento y de expresión”.

(Excélsior 17 07 21)