Columnas

Diálogos por la justicia

Raúl Contreras Bustamante

El Estado mexicano debe tener dentro de sus finalidades esenciales preservar la paz pública y garantizar la convivencia armónica de las personas dentro de su territorio. Para ello tiene el monopolio legal exclusivo del uso de la fuerza, ya que la ley nos prohíbe a los ciudadanos andar armados y nos obliga a resolver las controversias de manera pacífica.

En medio de la creciente ola de violencia y criminalidad que padece el país, esta semana se llevaron a cabo en el recinto histórico del Senado de la República, los Diálogos: Reformas al Sistema de Justicia, organizados por el Instituto Aspen de México, con la colaboración de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Se trata de un esfuerzo académico que convocó a 53 juristas para dialogar y proponer diversas reformas al sistema de justicia, las que abarcan: desde la prevención del delito; fortalecimiento de las corporaciones de seguridad y de los órganos de procuración y administración de justicia; la depuración del sistema penitenciario; el cumplimiento de tratados internacionales; así como el perfeccionamiento de los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno.

En palabras del doctor Luis Rodríguez Manzanera: “La inseguridad, violencia, corrupción e impunidad son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que aquejan a nuestra sociedad y que desde hace varios años amenazan de manera grave al Estado de derecho en nuestro país”.

Las estadísticas señalan que en los últimos tres años se han registrado en nuestra nación un promedio de 92 homicidios dolosos diarios y de enero a octubre de este año se han registrado más de 1 millón 700 mil delitos contra la vida y la integridad corporal, es decir, más de 5 mil 500 por día. La inseguridad y la violencia se han convertido en una verdadera pandemia extendida a lo largo y ancho de nuestro territorio.

También se trató el tema relativo a la saturación de trabajo que hay en los tribunales, y que hace muy lento el acceso a la justicia y la resolución de conflictos. Se señaló que los mecanismos alternativos de solución de controversias deben ser la opción principal para acabar con las disputas, evitando así que continúe el rompimiento del tejido social y se aligere la pesada carga que soportan todos nuestros tribunales.

Por otra parte, se dijo que es necesario dotar de mayores presupuestos a los poderes judiciales, ya que tienen carencias severas que determinan su inadecuado funcionamiento. Sólo por poner un ejemplo, según el Índice Global de Impunidad 2020, países como Eslovenia cuentan –por cada 100 mil habitantes– con 42.7 jueces; Suecia tiene 23, Finlandia 18.8 y España 11.5. En cambio, nuestro país dispone de sólo 2.1 jueces por la misma cantidad de habitantes.

Asimismo, se abordó la importancia de que México no sólo suscriba y ratifique los tratados internacionales, sino que su aplicación sea efectiva, pues desde hace más de 10 años los tratados en materia de derechos humanos forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad y son ley suprema de nuestro país. Porque, hay que decirlo, sólo constitucionalizar no democratiza: son las acciones y no las palabras las que en verdad garantizan los derechos de las personas.

Las conclusiones y propuestas que se pusieron a disposición del Senado para que sirvan a posibles iniciativas de ley, fueron recibidas con interés y ojalá sean tomadas en cuenta para la construcción de un mejor sistema de justicia que nos proteja de la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, lo que significa el fracaso de la razón y son inaceptables en las relaciones humanas.

Como Corolario, las palabras de Mario de la Cueva: “La justicia es el valor supremo de la convivencia humana”.

(Excélsior 27 11 21)

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