Ciudad de México, 04 de abril de 2022.- La Suprema Corte inició el análisis de las impugnaciones, promovida por Senadoras y Senadores de la República, demandando la invalidez de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).

El Pleno determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la LFAR no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez. Además, resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades implícitas para legislar en materia austeridad.

Asimismo, el Pleno invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público. De acuerdo con la Corte la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.