Columnas

Ayotzinapa: la cadena de mando

Héctor Herrera Argüelles

“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”: Aldous Huxley

43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, durante un operativo en donde participaron fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. Fue una operación concertada, organizada y administrada desde el poder público en colusión con el crimen organizado.

Dos meses después de los hechos, el presidente Enrique Peña llamó al país a «superar» el dolor provocado por el caso. «Quiero convocarles para que, con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante y podamos realmente superar este momento de dolor», dijo el mandatario al inaugurar un puente en el municipio de Coyuca de Benítez.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación y del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada, existe un registro de 95 mil personas que están desaparecidas en el país. El Movimiento por nuestros desaparecidos sostiene que “tener a una persona desaparecida es como estar muerto en vida”.

Nadie por supuesto que esté pasando por ese trance puede entender lo que los familiares de las personas desaparecidas sufren, afirmar lo contrario, es una falacia, un abuso y, las revictimiza.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet sostiene que el mayor desafío del Estado Mexicano es poner fin a la impunidad.

El mismo dolor y pena de los familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, lo comparten las familias de 94 mil 957 personas que han desaparecido en el país. El problema es grave, sin embargo, diez estados de la República concentran el mayor número de desapariciones: Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua.

El centro de la discusión es que las desapariciones forzadas tienen como responsables a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado: municipales, estatales y federales. Ayotzinapa, es un ejemplo de ello.

El marco legal constitucional indica que los integrantes de las fuerzas armadas no se mandan solos. Existe una “cadena de mando” que, inicia con el jefe del Ejecutivo que es, de hecho, el comandante supremo de las fuerzas armadas.

Salvo omisión o negligencia, no hay orden ejecutiva que pase a las fuerzas armadas del Ejército y la Marina sin el visto bueno del único general de cinco estrellas en el país: el presidente de la República.

Por ello, toma sentido que los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa exijan al presidente López Obrador que busque todas las herramientas legales que permitan llevar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición en 2014.

Emilio Navarrete, uno de los padres, pide al presidente: «Desde el día de hoy queremos decirle también a este nuevo gobierno que, vea las formas legales de que también Enrique Peña Nieto, sea llamado a declarar, sea investigado, qué tanto tuvo que ver en la desaparición de nuestros hijos».

Lo que está detrás del caso Ayotzinapa es la “cadena de mando”. Salvo Luis Echeverría, ningún ex presidente de México ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad. En tiempos de Echeverría, no existía legislación local aplicable al delito, hoy ya existe un marco legal para juzgar los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, la desaparición forzada.

Si el presidente López Obrador verdaderamente desea esclarecer el caso Ayotzinapa debe seguir la línea de mando. Tiene el poder y la capacidad de decisión. ¿Seguirá adelante? Ahí está el detalle.

De la libreta 

  • El pasado 1 de abril cumplí 33 años de laborar en Grupo Fórmula. Mucho tiempo. Por algo será. Gracias a la familia Azcárraga, a Mario Ávila, a Joaquín López Dóriga por el aguante. Dice Joaquín que un reportero no se jubila. Acá seguimos.
  • El Pri está dividido de cara a la aprobación de la reforma eléctrica del Ejecutivo. Por un lado, Alejandro Moreno, asegura que el partido votará en contra de la reforma, por otro, Rubén Moreira, líder de los diputados priistas dice que votarán en libertad y en conciencia. 
  • El asesinato del joven Hugo Carbajal y el bloqueo vial que por más de 13 horas mantuvieron sus amigos y familiares sobre Periférico, desnuda de cuerpo entero la ingobernabilidad que se vive en el Estado de México. No hay quien ponga orden, ni el gobernador Del Mazo, ni presidentes municipales. La entidad se encuentra sumida en la anarquía. 

@HectorHerreraAR

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