Columnas

Retos del Estado mexicano: derechos humanos

Raúl Contreras Bustamante

El estudio del derecho constitucional enseña que en materia de derechos humanos las actuales concepciones consagradas en las cartas magnas y tratados internacionales nunca habían sido tan amplias. Ninguna conquista es permanente, pero la existencia de estas prerrogativas es una lucha constante y cotidiana que presenta enormes retos para los Estados democráticos.

Hace unas semanas fue presentado por Amnistía Internacional su más reciente informe que describe la situación que guardan los derechos humanos en 154 países, durante 2021.

En el caso de México, los temas señalados son: desapariciones forzadas e impunidad, uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, tortura, libertad de expresión, violencia contra mujeres, ataques contra defensores de derechos humanos, derechos de los migrantes y derechos de los pueblos indígenas.

Llama la atención que en materia de seguridad pública se destaca que —a pesar de las recomendaciones internacionales— la estrategia de seguridad pública siguió militarizándose con el despliegue en las calles del mayor número de efectivos militares desde 2006.

De acuerdo con datos oficiales, más del 60% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca del 17% provienen de la Secretaría de Marina. Es decir, casi el 80% de los efectivos que realizan labores de seguridad pública en nuestro país tienen su origen en instituciones militares.

Por otra parte, en 2021 se registraron al menos 7,698 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Con ellas, se elevó a más de 97,000 el número total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México. A pesar de lo alarmante de las cifras anteriores, se resalta que sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Y según cifras oficiales, existen más de 52,000 cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se encuentran en fosas comunes.

En materia de homicidios dolosos, la cifra ha aumentado en los últimos meses. De febrero a marzo se pasó de 1,903 a 2,186, lo que representa un aumento porcentual de cerca del 15 por ciento. De enero a marzo existieron 7,354 homicidios dolosos, es decir un promedio diario de 82 asesinatos.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe resalta la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación; defensores y defensoras de los derechos humanos, así como instituciones académicas, porque  han recibido ataques por parte de autoridades que siguen estigmatizando y reprimiendo diversos movimientos de protesta, haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir la participación de las personas.

Los retos que el país enfrenta son muchos y muy variados. El informe revela una situación compleja y con diversas aristas que demanda solución; y ello no acepta respuestas únicas porque exige un esfuerzo decidido por parte del Estado mexicano.

Y es que hoy, el centro de todo actuar público debe situarse en el respeto a los derechos humanos, pues cuando su ejercicio se limita a ser meras declaraciones semánticas, resultan ser sólo un disfraz de la realidad.

Se requiere que en las instituciones públicas exista una real convicción de la importancia del respeto y responsabilidad para garantizar la plena vigencia de estos derechos. Sólo así, las cifras tan alarmantes presentadas por Amnistía Internacional habrán de reducirse.

Como Corolario la frase de la abogada bangladesí y exsecretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan: “Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”.

(Excélsior 23 04 22)

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