Raúl Contreras Bustamante

La semana pasada tuvo verificativo el 8º Simposio Interna­cional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales en la sede de la Universidad de San Diego California, el cual fue convocado por el Programa Justice in Mexico —que cumple veinte años de trabajo—, que dirige el infatigable académi­co David Shirk.

En esta ocasión, se convocó la asistencia de diversas uni­versidades, instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil —de ambos países—, así como de magis­trados de tribunales del Poder Judicial de varias entidades federativas.

A casi 6 años de que entró en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio en nuestro país se analizaron, entre otros temas de gran interés, la impunidad penal y la aplicación de la ley en México; propuestas para mejorar el funciona­miento de las fiscalías, así como las experiencias y lecciones del sistema penal en la administración de justicia a nivel estatal.

La evaluación realizada dejó claro que este cambio legis­lativo en materia penal presenta diversas fortalezas y debi­lidades que deben ser estudiadas y atendidas para mejorar los resultados de su implementación, que vino a modificar de manera radical la justicia criminal en el país.

Una primera conclusión que parece generar consensos importantes es que la implementación del sistema tuvo ma­yor atención en materia de capa­citación, planeación, adaptación, inversión financiera y adopción de estrategias en los poderes ju­diciales —tanto federal como en las entidades federativas— que en las fiscalías.

Las fiscalías son parte fun­damental para el correcto fun­cionamiento del sistema penal adversarial y se dijo que a la fe­cha adolecen de financiamiento suficiente, que no les permite inversión en sus capacidades y desarrollo de sistemas científi­cos periciales; han padecido de inestabilidad en la permanencia de sus titulares y no han desarro­llado sistemas laborales de carre­ra, lo cual genera inestabilidad en el empleo y falta de profesionali­zación de sus elementos.

Otra propuesta interesante es que no se ha entendido que el fiscal debe de prepararse y asumir su papel de ser ante todo un abogado litigante dentro de los procesos y dejar atrás su papel predominante de investigador.

Todo ello puede llevar a inferir que ha habido falta de voluntad política de parte de los titulares de los Poderes ejecutivos, que se resisten a la transformación de las fis­calías en órganos autónomos y prefieren seguir viéndolas como procuradurías a su servicio y control.

En lo que toca a los Poderes judiciales se dijo que la falta de integración adecuada de las carpetas de investigación por parte de las fiscalías y la deficiente e insuficiente pre­sentación de pruebas periciales son causa de impunidad.

La aplicación de los principios de presunción de ino­cencia y observancia del debido proceso obligan a que los jueces tengan que rechazar muchas de las carpetas de in­vestigación que les son puestas a disposición.

Los fiscales no están debidamente preparados y mu­chas veces carecen de elementos y autonomía para poder negociar y para poder aplicar procedimientos abreviados.

Frente a estos elementos se destacó y criticaron las refor­mas legales para aumentar los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual, dijeron, ha ocasionado una “pri­sionalización de oficio”, que difiere de los objetivos esen­ciales de la filosofía de este nuevo sistema penal.

Como parte de los beneficios obtenidos se destacó la reducción radical del uso de la tortura, además mejoró la percepción en los sentenciados de que si hubo un proceso adecuado y un incremento de pruebas científicas. Pero falta mucho por hacer.

Como Corolario, la frase de Cicerón: “La paz es resulta­do de la justicia y el derecho”.

(Excélsior 13 05 22)