Raúl Contreras Bustamante
La teoría constitucional indica que el Estado de derecho germina al parejo del surgimiento de la propia Constitución. En el Estado moderno predomina la idea que presupone el acotamiento del poder político de los gobernantes mediante el sometimiento de su actuación a los límites establecidos por las normas constitucionales.
Así, la resolución de los asuntos públicos se debe alejar de la discrecionalidad, para dar paso a la observancia del marco jurídico que la sociedad se otorga a través de procesos democráticos.
En este sentido, el Estado de derecho no sólo implica el cabal cumplimiento de las leyes. Además, persigue garantizar las libertades fundamentales, la división de Poderes y la participación democrática de los diversos sectores sociales y económicos.
La importancia de estos conceptos preocupa y ocupa en todo el orbe. Desde 2018, The World Justice Project (WJP) publica el Índice de Estado de derecho en México, que mide entre otras cosas el grado de adhesión de las entidades federativas de nuestro país a estos principios.
La evaluación abarca ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La edición 2021–2022 del Índice muestra un estancamiento, incluso un deterioro en la materia. Los puntajes generales cayeron en 14 entidades, subieron en 6 y permanecieron sin cambio en 12.
Las entidades mejor evaluadas fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46), mientras que los puntajes más bajos los obtuvieron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34).
De acuerdo con los resultados, en nuestro país existen tres tendencias con efectos perniciosos: debilitamiento de contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
La primera tendencia se debe al debilitamiento de los Poderes Legislativo y Judicial para actuar como contrapesos eficaces al Ejecutivo estatal. Por otro lado, el cierre del espacio cívico se manifiesta en la disminución de la efectividad en la actuación de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapesos del poder público.
En materia de justicia penal se registra una crisis en la garantía a los derechos de las víctimas, adhesión al debido proceso, así como imparcialidad y efectividad de las investigaciones realizadas por las policías y los ministerios públicos.
La teoría constitucional indica que el Estado de derecho germina al parejo del surgimiento de la propia Constitución. En el Estado moderno predomina la idea que presupone el acotamiento del poder político de los gobernantes mediante el sometimiento de su actuación a los límites establecidos por las normas constitucionales.
Así, la resolución de los asuntos públicos se debe alejar de la discrecionalidad, para dar paso a la observancia del marco jurídico que la sociedad se otorga a través de procesos democráticos.
En este sentido, el Estado de derecho no sólo implica el cabal cumplimiento de las leyes. Además, persigue garantizar las libertades fundamentales, la división de Poderes y la participación democrática de los diversos sectores sociales y económicos.
La importancia de estos conceptos preocupa y ocupa en todo el orbe. Desde 2018, The World Justice Project (WJP) publica el Índice de Estado de derecho en México, que mide entre otras cosas el grado de adhesión de las entidades federativas de nuestro país a estos principios.
La evaluación abarca ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La edición 2021–2022 del Índice muestra un estancamiento, incluso un deterioro en la materia. Los puntajes generales cayeron en 14 entidades, subieron en 6 y permanecieron sin cambio en 12.
Las entidades mejor evaluadas fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46), mientras que los puntajes más bajos los obtuvieron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34).
De acuerdo con los resultados, en nuestro país existen tres tendencias con efectos perniciosos: debilitamiento de contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
La primera tendencia se debe al debilitamiento de los Poderes Legislativo y Judicial para actuar como contrapesos eficaces al Ejecutivo estatal. Por otro lado, el cierre del espacio cívico se manifiesta en la disminución de la efectividad en la actuación de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapesos del poder público.
En materia de justicia penal se registra una crisis en la garantía a los derechos de las víctimas, adhesión al debido proceso, así como imparcialidad y efectividad de las investigaciones realizadas por las policías y los ministerios públicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 —a cargo del Inegi—, durante 2020, en el 93.3% de los delitos no se realizó denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, se perciben efectos negativos en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, así como en las autoridades de los Poderes ejecutivos estatales. Lo que significa que se ha incrementado el abuso del poder público por parte de las autoridades para obtener beneficios personales.
La valía del Estado de derecho reside en que es un elemento fundamental y previo del desarrollo nacional, pues supone la instauración de los principios de seguridad y certeza jurídica.
El estudio publicado deja al descubierto el deterioro que el país padece del principio básico del Estado de derecho: La inobservancia del sometimiento por igual de gobernantes y gobernados a lo dispuesto por el orden constitucional.
Como Corolario, la frase del gran jurista Mario de la Cueva: “La justicia es el valor supremo de la convivencia humana”.
(Excélsior 04 06 22)
Categorías:Columnas, Raúl Contreras Bustamante
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