Columnas

Once años de derechos humanos

Raúl Contreras Bustamante

Hay días en la vida de las naciones, como en la de las personas, que marcan su existencia. Para México, una de esas fechas fue un día como ayer: el 10 de junio de 2011, en que la reforma constitucional en materia de derechos humanos se materializó, a través de la adecuación sustantiva de 11 artículos de la ley suprema.

Esta transformación adicionó y modificó aspectos de los derechos fundamentales —dejando atrás el término originario de “garantías individuales”—, que redefinen y redimensionan los principales principios filosóficos de la manera en que los detentadores del poder deben entender y respetar los derechos humanos.

La reforma de hace 11 años significa un gran proceso de transformación del derecho constitucional mexicano, quizás equiparable con la adopción del liberalismo de 1857 y el advenimiento de las garantías sociales de 1917.

Por ello, a más de una década de esta revolución filosófica y jurídica del pensamiento, es buen momento para reflexionar sobre la importancia que tienen los derechos humanos y su protección para los mexicanos.

A través de estos primeros 11 años, el catálogo de derechos humanos ha adquirido otra dimensión, gracias a la convencionalidad integrada por tratados y sentencias internacionales que hoy en día se encuentran incorporados a nuestro orden jurídico supremo.

Se trata de una reforma transformadora: se cambió la concepción de que la Constitución “otorgaba” derechos, para establecer —de manera categórica— que “los reconoce” y se han creado diversas instituciones y medios de defensa para su protección, es decir, se ha avanzado.

Aún hoy, después de 11 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, uno de los más grandes retos de la democracia mexicana sigue siendo el perfeccionamiento de las mejores vías para lograr su respeto y vigencia plena.

Y es que los derechos humanos —cuando se quedan en ser meras invocaciones semánticas— poco o nada ayudan a la transformación de la realidad. Hoy, más que nunca, el discurso debe volverse acción por parte de los servidores públicos, pues en gran medida su buen actuar garantiza y promueve el respeto por las libertades de las personas.

Es necesario reconocer que México sigue padeciendo pobreza, desigualdad social, discriminación, corrupción, abuso de poder e impunidad, factores determinantes para frenar la conquista plena de los derechos de la población. El peor error que se puede cometer es perder de vista que la razón de existencia del Estado es su propia sociedad. Ningún gobierno que se considere democrático puede ser viable si no se sustenta en el respeto y defensa real de los derechos de las personas.

No debemos olvidar que somos —en toda la historia de la humanidad— la generación que ha tenido más derechos. Pero también debemos tener presente que ello ha sido fruto de su conquista, porque nada se ha obtenido de manera fácil ni graciosa. Porque nunca había sido así. La esclavitud y la discriminación de la mujer —por citar sólo unos ejemplos— estuvieron basados en disposiciones de orden legal. Y también no podemos ignorar que estos derechos de libertad, igualdad, tolerancia, respeto por el pluralismo y demás que abonan la dignidad de las personas, siempre estarán amenazados por la ambición de aquellos que ejercen el poder político.

Así, a más de una década de la reforma, no hay mejor manera para celebrarla y honrarla que estudiarla y conocerla. Que cada mexicano conozca su Constitución y sus derechos reconocidos en ella.

Como Corolario, la frase del expresidente sudafricano y Premio Nobel de La Paz, Nelson Mandela: “Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad”.

(Excélsior 11 06 22)

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