Columnas

Independencia judicial


Raúl Contreras Bustamante

Esta semana tuvo verificativo el IV Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Su­premas, en Madrid, que desarrolló como tema principal la Independencia Judicial y el Estado de derecho.

La alianza académica estratégica de las grandes univer­sidades conformada por la UNAM, Sao Paulo, Barcelona, Buenos Aires y la anfitriona esta vez, Complutense de Ma­drid, volvió a reunirse de forma presencial —después de la pandemia— concitando a ministros y magistrados de estos cuatro países.

La representación de nuestro país estuvo integrada por la ministra Margarita Ríos Farjat, en nombre de la Supre­ma Corte de Justicia y por la UNAM, don Sergio García RamírezEduardo Ferrer Mac GregorDiego Guerrero y quien esto escribe.

Durante los trabajos intensos desarrollados durante tres días, se destacó la importancia que tiene la interrelación que se ha venido construyendo entre las cortes supremas y la academia.

En cuanto a la necesidad que tienen las sociedades de contar con juzgadores independientes, se dijo que se debe valorar desde dos aspectos. Uno objetivo, que consiste en que es indispensable para la auténtica división de Poderes; y otro subjetivo, que debe entenderse como la garantía del derecho humano que tenemos de contar con jueces impar­ciales, justos e independientes.

El intercambio de experiencia y conocimientos efec­tuado entre académicos y miembros de las judicaturas, analizó con profundidad los aspectos torales para poder garantizar dicha independencia, como: la selección transparente de los jueces por sus méritos y capacidad, mediante procesos que tutelen la igualdad de con­diciones; normas claras que per­mitan la duración e inamovilidad en el encargo hasta la jubilación o conclusión del periodo para el que fueron electos; percep­ciones dignas e irreductibles; ascensos, traslados, procesos disciplinarios; así como, garan­tías y seguridad contra presiones y acechanzas externas.

Con algunas variantes —pero de manera coincidente— se advirtió respecto de los peligros y las presiones que los poderes judiciales han venido sufriendo por embestidas di­rigidas desde el poder político y los grupos de presión para tratar de influir y determinar sus resoluciones.

La legitimidad en la actuación de los jueces muchas veces es vulnerada mediante ataques, críticas y descalifi­caciones de parte de aquellos a quienes inquieta su labor de impartición de justicia. El autoritarismo, populismo y la partidocracia dominante se han venido alzando para tratar de impedir el ejercicio libre de la judicatura.

El amago se presenta mediante el procesamiento de reformas legales —y hasta constitucionales—; limitaciones presupuestales y la falta de nombramientos oportunos de vacantes de parte de los Congresos o Parlamentos, entre otras cosas que se han presentado en todos los países con­currentes, con mayor o menor medida.

También se dijo que si bien los jueces deben de tener “garantías reforzadas” para poder desempeñar sus delica­das tareas, no están exentos de tener que asumir un com­promiso social que los obligue a la transparencia y rendición de cuentas; a tener un rol más cercano a la ciudadanía o a elaborar sus sentencias más breves y redactadas de manera comprensible para todos

La función judicial es esencial para el control del poder y vigencia de las constituciones, así como para tutelar la observancia y disfrute de los derechos humanos. Es un ele­mento indispensable para la democracia y para la existencia de un auténtico Estado de derecho.

Como Corolario, la frase de Cicerón: “El poder requiere de la ley para ser aceptado y la ley requiere del poder para ser aplicada”

(Excélsior 18 06 22)

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