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Por fast track, Ley Nahle, ilegal; la tumbará la Corte

Arturo Reyes Isidoro

Haber apresurado la Ley Nahle, mala estrategia, dije ayer en un subtítulo de “Prosa aprisa”.

Comenté: La aprobación de la Ley Nahle vía fast track, o sea, en chinga (en español alvaradeño), confirmó una vez más que tienen todo el poder por el mango y que pueden hacer con él lo que se les antoje, cuanto se les antoje y cuando se les antoje.

Agregué: La pregunta entonces es: ¿para qué apresurar su aprobación y exponer muy temprano a la percha del traje (me refería a la señora Rocío Nahle) a un desgaste innecesario cuando pudieron haber corrido la fecha hasta el límite, pudieron haber seguido organizándole foros propagandísticos y mantenido en suspenso a los electores dejando en duda su viabilidad, poniéndola a salvo de críticas y señalamientos de los votantes y, claro, de sus opositores?

Y al final de la columna solté lo siguiente: ¿Quién le aconsejó al gobernador que dieran el paso? Quien haya sido, los aspirantes del propio gobierno están felices, y ya ni se diga los de la oposición. Desde adentro mismo les están facilitando fortalecer sus aspiraciones con la idea de que para agosto de 2023, cuando se celebre la primera encuesta (de Morena, que definirá la candidatura al Gobierno del Estado en 2024), la zacatecana, candidata oficial del cuitlahuismo, estará muy desgastada y maltrecha.

Pues creo que todavía es peor para ella y sus patrocinadores. La prisa, el acelere por dar el albazo en el Congreso local hizo a que no repararan en que, igual que como sucedió con la fallida Reforma Electoral de mayo de 2020, cayeron en la ilegalidad sin que inexplicablemente (a menos que sus asesores legales no hayan dicho nada a propósito porque no quieren que los gobierne una zacatecana) repararan en ello y ahora se disponen a declararla válida este jueves (previsiblemente) con el aval de más de 107 cabildos de igual número de ayuntamientos, pero la reforma está viciada de origen, y con el recurso de inconstitucionalidad que el PAN estatal ha adelantado que presentará, la podrá echar abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El fundamento legal dicho por alguien que sabe

Para sustentar mi comentario esta vez me atengo a la opinión de alguien que sabe del tema y de la mecánica legal-legislativa que se debió haber cumplido, porque pasó por el Congreso donde fue diputado local (también fue diputado federal), pero que, además, no especula sino que recurre a la Constitución Política local para explicar la aberración jurídica en que cayó el cuitlahuismo. Dejo la voz al cordobés Sergio Penagos García, abogado, ex funcionario del ayuntamiento de Córdoba, ex Subsecretario de la Función Pública en el gobierno federal que presidió Felipe Calderón y ex Procurador Fiscal en el gobierno de Puebla.

Lo publicó en su página de Facebook el lunes pasado por la tarde (lo transcribo íntegro):

“¿Por qué la reciente reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz es ilegal?

Bueno, pues resulta que la misma Constitución de Veracruz establece una regla muy clara para que una reforma a cualquiera de sus artículos se pueda llevar a cabo. El artículo 84 de la Constitución veracruzana señala que para poder reformar una parte de ella, o toda, la propuesta DEBE SER APROBADA en DOS PERIODOS ORDINARIOS de sesiones, sucesivos; es decir, primero se debe votar en un período ordinario y si obtiene la mayoría de dos terceras partes, entonces se DEBE ESPERAR al siguiente período ordinario, para someterla a votación nuevamente y si una vez más se obtiene el voto favorable de dos terceras partes de los diputados, entonces se pasa a los Ayuntamientos, para que la mayoría de ellos determine si la propuesta de reforma se aprueba o no.

Resulta que con las prisas por quedar bien, los diputados locales de Veracruz ‘aprobaron’ en UNA SOLA SESIÓN y además EN UN PERÍODO EXTRAORDINARIO, la reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, para señalar que serán considerados como veracruzanos, además de quienes nacimos en el territorio de Veracruz o quienes son hijos de padres nacidos en Veracruz, pues también serán considerados como tales los papás que hubieran tenido un hijo dentro del territorio de Veracruz.

Pues, como la reforma no tiene fundamento ni obedece a ninguna disposición dictada desde la Constitución Federal, el proceso para su aprobación fue ilegal por doble partida: primero, por no haberse respetado el mandato constitucional de pasarla a votación durante DOS PERIODOS ORDINARIOS sucesivos y la segunda, por haberla votado al vapor en un PERIODO EXTRAORDINARIO.

Otra causa que le genera la calificación de ILEGAL, es que la reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz pretende concederle la calidad de veracruzanos a personas que NO HAYAN nacido en Veracruz, QUE NO HAYAN VIVIDO en Veracruz, por el simple hecho de HABER TENIDO un hijo en Veracruz, así haya ocurrido este nacimiento cuando los padres anduvieran de paso por el Estado.

Esta reforma pretende extender el espectro de derechos humanos, sin que exista una disposición en la Constitución Federal que la justifique; por lo tanto, es una reforma ilegal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha dicho claramente en muchas ocasiones: Los Congresos Locales NO PUEDEN AMPLIAR el ‘paraguas’ de cobertura de derechos humanos más allá de los establecidos en la Constitución Federal”.

Pusieron a su candidata en la cuerda floja

Una lectura atenta y cuidadosa no deja lugar a dudas de que las cosas no las hicieron bien, y que por un apresuramiento que no se entiende, pues finalmente hacen de la Ley lo que quieren y como quieren, pasando incluso por encima de ella, de tal forma que tenían tiempo para sacar a su candidata haciendo las cosas en forma correcta, cumpliendo en tiempo y en forma la normatividad, no dejando ningún resquicio legal que la hiciera tropezar, por un agandalle legislativo ahora la han puesto al borde de un ataque de nervios, como el título de la película de Pedro Almodóvar, pues la colocaron en la cuerda floja de la que se puede caer si el PAN o toda la oposición fundamentan bien los recursos de inconstitucionalidad que han de presentar.

Tendrían que sacar un plan B

No se deben adelantar vísperas, pero tal como se empiezan a presentar las cosas, creo que el cuitlahuismo debe ir pensando ya en una opción emergente o plan B por lo que hace a quién será su candidato o candidata (una veracruzana auténtica) a la gubernatura en 2024. O si optaría por uno de los aspirantes que ya están en la palestra: ¿Sergio? ¿Manuel?, o uno de su equipo: ¿Lima?, ¿Zenyazen?

Si el abogado y ex diputado Penagos García está en lo correcto y se llega a caer la Ley Nahle, no quiero imaginarme lo fúrico que se pondrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con los del palacio de gobierno, y las consecuencias que vendrán.

Le enmienda la plana a la diputada Nora Jessica Lagunes

El mismo Sergio Penagos, por otro lado, le enmendó la plana a la diputada local Nora Jessica Lagunes Jáurequi, quien junto con otros dos de sus compañeros panistas le jugaron la contra a su partido sumándose a Morena en la aprobación de la Ley Nahle.

Para justificar su deslealtad y traición, la panista dijo que había votado a favor porque defendía los derechos de las personas. El cordobés, en su página de Facebook, publicó el 4 de agosto: “Bueno, ya que la Diputada Nora Lagunes Jáuregui no me permite etiquetarla en esta publicación, porque le aplicó filtros a su página de Facebook, por favor, le avisan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación opina esto, respecto de las ‘reformas’ a las Constituciones de los Estados con las que se ha pretendido alterar el sentido de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Federal… Digo, ya que están tan interesados en respetar y ‘armonizar’ la Constitución Local con la Federal…”. A continuación le soltó una larga parrafada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no deja bien parada a la legisladora.

Por cierto, Sergio Penagos García renunció a su militancia panista en protesta por la postulación de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a gobernador.

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