Columnas

Justicia pendiente

Por: Zaira Rosas

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El 19 de agosto se volvió un día crucial para quienes fueran parte del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto, por un lado, Rosario Robles sale de prisión para continuar su defensa en libertad, siempre y cuando se respeten otras medidas como el no poder abandonar el país, entregar su pasaporte a la fiscalía y firmar cada 15 días en el juzgado. Ese mismo día Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República del 2012 al 2015, fue detenido bajo los cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia.

Rosario Robles y Murillo Karam tienen más en común que haber pertenecido al mismo gabinete, ambos son acusados por crímenes suscitados como funcionarios públicos, ambos fueron titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Primero llegó Jesús Murillo Karam en febrero del 2015 y posteriormente en agosto del mismo año entregó el cargo a Rosario Robles, quien lo ocupó hasta 2018.

Hoy parecieran nuevamente pasarse la estafeta, Rosario deja la prisión y entra Murillo Karam, para dar cuenta de una “verdad histórica” que nunca fue creíble y conforme se ha dado continuidad a las investigaciones se ha demostrado que todo fue un montaje, en el cual hay múltiples rangos involucrados. El juez que dictó captura contra el ex procurador, también libró orden de aprensión contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, policías que se considera estuvieron involucrados, tanto municipales como estatales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Sin embargo, algunos funcionarios actuales también estuvieron involucrados en la implementación de la supuesta verdad histórica que en su momento dio a conocer Jesús Murillo Karam, entre ellos el actual Jefe de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: Omar García Harfuch, quien entonces laboraba en la Policía Federal y en declaraciones de investigaciones previas fue señalado por recibir sobornos mensuales de hasta 200 mil dólares por parte del crimen organizado.

La noche de Iguala, donde 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecieron, tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014. Casi 8 años después las familias de los normalistas siguen sin tener respuestas claras de qué fue lo que ocurrió con estos jóvenes. Durante años han esperado que se haga justicia, sabiendo que nunca volverán a verlos, pero al menos esperan respuestas reales respecto a lo ocurrido. Hoy el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB comienza a dar nuevos datos que apunta a una versión que no se parece en nada a lo que decía el gobierno anterior, pero que igual la ciudadanía lo sabía: no hay indicios de que los jóvenes sigan con vida, fueron ultimados y desaparecidos, quedando atrás con esto la versión de haber sido incinerados en un basurero.

Los nuevos informes confirman que el ejército también estuvo involucrado, que incluso había un infiltrado dentro del grupo de normalistas y que de haber activado el protocolo quizás la verdad que hoy recibimos sería otra. De momento aún quedan capturas pendientes para unir todas las piezas del rompecabezas y habrá que ver cuál será el rumbo de la justicia bajo nuevos colores y con otras pistas.

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