Columnas

Violencia e impunidad contra periodistas

Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

La libertad de expresión es un derecho clave para el desarrollo de otros derechos fundamentales. En la vida de las sociedades modernas existen libertades cruciales que se materializan en el ejercicio de una de las actividades más importantes que es la profesión del periodismo, pues constituye pieza clave para la construcción de la democracia.

La función esencial del periodista es investigar, analizar y difundir los hechos que son de interés para la sociedad; también lo es, expresar con absoluta independencia su opinión acerca de los acontecimientos que marcan el día a día de la colectividad.

El pasado 2 de noviembre, en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Unesco dio a conocer los resultados de su Informe sobre la seguridad de los periodistas. Se trata de un mecanismo para monitorear los asesinatos de estos profesionales en el orbe.

El informe se publicó por primera vez en 2008 y desde entonces se presenta cada dos años. Busca ser una herramienta para que los Estados hagan un balance de los acontecimientos mundiales para que adviertan y atiendan los desafíos relacionados con la seguridad de aquellos que ejercen labores informativas, así como la lucha contra la impunidad.

En el periodo 2020-2021, la Unesco registró un total de 117 asesinatos de periodistas en todo el mundo. Según la información ofrecida, en este periodo de tiempo, los países con mayor número de víctimas mortales fueron México con 9 asesinatos, Afganistán con 7 e India con 5.

El estudio desvela que 86% de los asesinatos de periodistas queda impune, delatando así que no hay justicia para los periodistas afectados. Además, en 2021, el porcentaje de mujeres periodistas asesinadas ascendió a 11%, comparado con 6% del año anterior, de tal suerte que también en el ejercicio de la profesión la violencia de género se ha recrudecido.

Otro dato revelador es que los periodistas ahora están menos seguros en países que no están en conflictos armados. Ello muestra que el factor de la impunidad es un aliciente en los delitos cometidos contra ellos.

Debido a la relación directa que tiene el periodismo en la formación de la conciencia social y de una contraloría social, el ejercicio de esta profesión requiere de garantías que protejan su trabajo, pues matar a los periodistas es atentar contra la verdad y con ello privar a la sociedad de información, dejándola decidir a ciegas.

Sin información veraz y oportuna, las decisiones sociales carecerán de la libertad que sólo el conocimiento de los asuntos públicos permite.

Como críticos permanentes del ejercicio del poder —sea institucionalizado o ejercido por poderes fácticos— los periodistas y su tarea de informar, con frecuencia suelen incomodar a los poderosos, pues suponen una vigilancia y un estorbo constante a su quehacer.

Es urgente que las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia asuman un compromiso genuino de garantizar la labor que desarrollan los comunicadores, otorgando seguridad y una adecuada investigación en los procesos en los que se vean involucrados.

En un escenario tan complejo como el que vivimos, la postura de los gobernantes —en sus tres niveles de gobierno— debe ser de un absoluto respeto a la actividad de los periodistas. Las críticas desde el poder hacia el quehacer de quienes ejercen el periodismo no mandan una señal de seguridad y tutela a esta actividad tan trascendente en la cultura ciudadana.

Como Corolario, la frase del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan: “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”.

(Excélsior 26 11 22)

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