Columnas

Estado de derecho debilitado

Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

La doctrina liberal francesa enarboló la histórica divisa: “Libertad, igualdad, fraternidad”, que sirvió como modelo e inspiración para ponerle freno al poder despótico con el que las monarquías habían dominado a los pueblos.

El término “Estado de derecho” se ubica a partir del surgimiento del constitucionalismo, cuya filosofía concibe que los gobernantes y los gobernados aceptan someterse por igual a lo dispuesto por las normas constitucionales y legales.

En este sentido, resulta interesante analizar el Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022, elaborado por el World Justice Project, que indica diversas cuestiones respecto al cumplimiento de este aspecto —como condición indispensable para el desarrollo—, pues sin su fortalecimiento será imposible la vida de las comunidades en el futuro, en condiciones de igualdad de oportunidades y paz.

Dicho índice evalúa ocho factores que enmarcan al Estado de derecho: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.

El detrimento de nuestro Estado de derecho quedó manifiesto en el índice, identificándose dos principales tendencias desfavorables: el debilitamiento de los contrapesos institucionales en los gobiernos estatales y contracción del espacio cívico; y el segundo, la falta de avance en materia de corrupción.

Los resultados van de 0 a 1, identificándose este último como el mayor apego en Estado de derecho. Por ejemplo, en cuanto a los límites al poder gubernamental, Nuevo León tiene el puntaje más alto de 0.51; mientras que el peor evaluado es Quintana Roo, con 0.35.

De conformidad con la información, lo anterior encuentra su explicación en débiles poderes legislativos y judiciales. Respecto del espacio cívico se identifica la poca efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como contrapeso del poder.

En cuanto a la justicia civil, la entidad federativa mejor calificada fue Guanajuato, con 0.45, y la peor evaluada es Veracruz, con 0.28. Por último, en cuanto a corrupción, Querétaro es el mejor evaluado, con 0.49, y en contraposición, Morelos, con 0.30.

Respecto del tema de la corrupción se publicó, además, un informe de la sociedad civil sobre la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México, elaborado por Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, A. C.

Entre otras cosas, destaca que la mayor parte de las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción enfrentan obstáculos para cumplir con sus actividades, debido al recorte presupuestal en los últimos ejercicios fiscales y los intereses políticos.

Reconoce como positivo el desempeño del Inai —debido su buen diseño y funcionamiento en la Plataforma Nacional de Transparencia—, mientras que calificó de pobre la actuación de la Secretaría de la Función Pública, debido a su falta de autonomía y la poca claridad en indagatorias de casos de corrupción e irregularidades.

Ambos análisis presentados y elaborados con distintas metodologías y enfoques llegan a un mismo punto: los esfuerzos en nuestro país tienen que ir más allá de los discursos y el trabajo legislativo. Se necesita la actuación institucional coordinada y con suficiencia presupuestal para paliar los efectos que ocasiona el bajo apego al cumplimiento del Estado de derecho.

Como corolario, las palabras de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú: “Sin instituciones de vigilancia fuertes, la impunidad se convierte en la base misma sobre la cual se construyen los sistemas de corrupción”.

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