Columnas

Ineficacia de la prisión preventiva oficiosa

Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

La presunción de inocencia se entiende como aquella garantía judicial del derecho penal que comprende que un imputado por la supuesta comisión de un delito debe seguir siendo considerado como tal, hasta en tanto una sentencia lo condene como responsable.

Dicha prerrogativa está inserta en diversos tratados internacionales, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11.1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI, y en el cuerpo de la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro del artículo 8.2.

En México, mediante una reforma constitucional al artículo 19 en 2008, se introdujo la figura de la prisión preventiva oficiosa, medida de aplicación automática cuando alguna persona es imputada por determinados tipos de delitos de alto impacto previstos en dicho artículo.

A pesar de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país y de la gran reforma constitucional protectora de los derechos humanos promulgada en 2011; en el año 2019 se realizó otra enmienda a nuestra Carta Magna en la que se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Entre los argumentos esgrimidos a favor de dicha ampliación, estuvo el aseguramiento para evitar que los presuntos responsables evadan la justicia; la protección de la integridad de las presuntas víctimas y testigos; así como su función en el combate a la corrupción.

Sin embargo, el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expuesto que esta medida —entre otras cosas— viola los derechos a la presunción de inocencia, la libertad e integridad personal, la independencia judicial, así como representar una salida falsa en materia de seguridad.

La Estadística Penitenciaria Nacional —cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— reporta que en noviembre de 2022 había una población privada de la libertad de 230 mil personas; de las cuales casi 93 mil no contaban con una sentencia. La misma encuesta —un año anterior, noviembre de 2021— registraba una sobrepoblación de 6,374 personas, mientras que en el mismo mes de  2022 se registró una sobrepoblación de 12,714. Es decir, se incrementó en 99.4% la sobrepoblación.

Se estima que el elevado número de personas sin sentencia y el aumento acelerado de la sobrepoblación carcelaria son consecuencia del aumento de la prisión preventiva oficiosa.

Cabe señalar que se registraron un total de 210 incidencias graves en los penales, entre las que destacan cinco motines entre enero y octubre del año pasado en las entidades de Colima, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua y Baja California. Ello sin considerar el reciente motín sangriento y la fuga de reos en el penal de Ciudad Juárez.

La Organización Mundial de la Salud indica que los detenidos en espera de juicio tienen una tasa de intentos suicidas de aproximadamente 7.5 veces más alta que la de los hombres fuera de prisión.

Asimismo, con datos de 2014, se señaló que el gasto por persona privada de su libertad es mayor al que se invierte en un alumno de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, puesto que en un cálculo aproximado, al estudiante se le destina 115 pesos por día, mientras que el Sistema Penitenciario Federal eroga aproximadamente 140 pesos.

La prisión preventiva oficiosa ha demostrado en poco tiempo su ineficacia, toda vez que no resuelve de fondo los lacerantes problemas sociales delincuenciales.

Como Corolario, la frase de Platón: “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”.

(Excélsior 21 01 23)

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