Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

Nuestra Carta Magna —en su artículo 21, párrafo noveno— consigna que la seguridad pública es una función del Estado que está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Lo anterior es importante, pues la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que, en diciembre de 2022, 64% de la población —de 18 años y más— considera que en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.

El dato es por demás preocupante, porque es necesario precisar que por género resulta que 57% de los hombres —de 18 años y más— siente inseguridad en su ciudad, mientras que esta misma percepción la tienen 69.9% de mujeres.

Esta realidad refleja una deuda histórica que tenemos como sociedad frente al género femenino que —también de acuerdo al Inegi— representaba en 2020, a 51.2% de la población total.

La percepción de inseguridad de las mujeres no es sólo subjetiva, pues existen datos que demuestran que también son el sujeto pasivo de cruentos delitos.

Una destacada académica compañera me compartió la Información sobre la Violencia contra las Mujeres, elaborada por la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informa que sobre la tendencia nacional de presuntos delitos de feminicidio, en 2015 se cometieron un total de 412; mientras que en 2022, se reportaron un total de 947; es decir, padecimos un incremento del 129.8 por ciento.

Además, las mujeres víctimas de homicidio doloso en 2022 ascendieron a 2,807 y por el delito de lesiones dolosas, ascendieron a 67,315.

Por último, la misma fuente identifica que de 127,424 presuntos delitos de violencia familiar registrados en 2015, pasamos a 270,546 en 2022, que representa un promedio diario de 741 atentados.

Las cifras son alarmantes e indignantes, puesto que demuestran que nuestra sociedad —y en especial, las mujeres— sufre de inseguridad en su integridad no sólo en los espacios públicos, sino también en el seno familiar.

Resulta todo un tema para la reflexión: ¿Cómo es posible que las mujeres estén siendo más violentadas e inseguras dentro de sus propios entornos familiares?

A lo largo de la historia de la humanidad, el grupo social que ha padecido mayor discriminación y desigualdad, sin duda son las mujeres. Gracias a que apenas en el siglo pasado pudieron acceder a la educación —en especial la de carácter superior— conocieron, entendieron y conquistaron sus derechos plenos. Y eso, muchos hombres no lo entienden ni aceptan, y recurren a la violencia para tratar de mantener su dominación.

Es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen de manera más eficaz. No se trata sólo de lograr las detenciones de los supuestos responsables, ya que nuestra Constitución —en el artículo ya comentado— es clara al señalar que la seguridad pública —de forma integral— comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Estamos frente a una tarea compleja, donde la educación es la verdadera solución de raíz. Pero también es necesario que las autoridades garanticen la seguridad pública, porque es indispensable para el desarrollo integral de las personas, el disfrute pleno de todos nuestros derechos y el progreso de la sociedad.

Como Corolario, la frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”.