Corolario.

Raúl Contreras Bustamante

En este espacio hemos abordado que la educación es un derecho humano exigible e incluso justiciable, consagrado en el artículo 3° de nuestra Carta Magna, cuyo texto obliga al Estado a impartirla y garantizarla desde el nivel básico hasta el superior, con carácter de universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
La garantía de los derechos implica de forma necesaria costos para el Estado, por lo que cualquier gran avance en materia de derechos humanos conlleva de forma implícita la necesidad de recursos públicos suficientes y políticas públicas eficaces para su verdadera aplicación. 

Conviene recordar que uno de los principios de los derechos humanos contenidos en la Teoría Constitucional, es el de “progresividad”, esto  implica la observancia de un avance gradual que no debe admitir retrocesos.

En materia educativa es obvia la necesidad presupuestaria, pues incrementar y mejorar la capacidad de infraestructura para la enseñanza requiere de un gasto de inversión intensivo, que no debe ser discutible, pues significa crear condiciones básicas para poder llevar a cabo el aprendizaje.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Education at a Glance 2022, refiere, entre otras cosas, el gasto en educación de nuestro país. Demuestra que los países miembros de la OCDE gastan en promedio 10 mil 722 dólares por estudiante en educación primaria y 11 mil 400 dólares en secundaria. En cambio, México gasta 2 mil 977 dólares en primaria y 2 mil 890 dólares por estudiante de secundaria.

En el nivel terciario, el gasto promedio que identifica la OCDE es de 17 mil 559 dólares al año por estudiante, mientras que por lo que hace a nuestro país, el gasto es de 7 mil 341 dólares.

Otro dato alarmante es el gasto privado en educación del nivel terciario, índice en donde superamos el promedio de la OCDE. El promedio mundial está en el 31% del gasto total, mientras que en México asciende a 44%. En este sentido, se identificó también que el promedio internacional de estudiantes matriculados en instituciones de educación terciara privada es de 17%, mientras que en nuestro país es de 36%.

Por otro lado, el recurso sustantivo de toda institución educativa es el magisterio. En este sentido, se registró que entre 2015 y 2021, en promedio todos los países integrantes de la OCDE aumentaron en 6% en términos reales los salarios de los profesores de educación media básica y en nuestro país el aumento fue de 3%.

Ahora bien, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 destinó un gasto neto total en educación de poco más de 402 mil millones de pesos. El Proyecto de Presupuesto para 2024 –que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre– prevé destinar casi 426 mil millones de pesos en la materia. Un aumento de casi 6%, pero habrá que advertir que datos ofrecidos por el Banco de México señalan que la inflación de enero a diciembre de 2022 fue de 7.18% y habrá que esperar el cierre de este año.

Por lo que hace a la educación superior, se tiene registro que en 2018 se destinaban cerca de 185 mil millones de pesos, mientras que en 2023 sólo se canalizaron cerca de 163 mil millones de pesos, lo que refleja una insuficiencia presupuestal, a la par en que las comunidades universitarias incrementan sus poblaciones y en la misma medida, sus necesidades.

La suficiencia y progresividad presupuestal en educación tiene un efecto catalizador, puesto que las personas que acceden a la educación superior de calidad, no sólo aprenden a entender al mundo: pueden cambiarlo.

Como Corolario, la frase de Benjamín Franklin: “Una inversión en conocimiento paga el mejor interés”.