Por: Zaira Rosas

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El anuncio sobre la posible conclusión anticipada del ciclo escolar en México a partir del 5 de junio abrió una discusión que va mucho más allá del calendario académico. La polémica comenzó cuando Mario Delgado declaró públicamente que, en reunión con secretarios de educación de las entidades, se había acordado adelantar el cierre escolar para proteger a niñas, niños y adolescentes de las altas temperaturas y, además, ajustar actividades ante la realización del Mundial de Futbol. Sin embargo, horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existía una decisión oficial y que únicamente se trataba de una propuesta en evaluación. Esa contradicción exhibió, una vez más, la falta de coordinación y comunicación clara dentro del propio gobierno.

Más allá de la confusión política, el tema ha generado indignación porque toca uno de los aspectos más sensibles para cualquier país: la educación. Reducir semanas del ciclo escolar no es un ajuste menor ni un trámite administrativo. Implica modificar contenidos, acelerar procesos pedagógicos y dejar incompletos aprendizajes fundamentales. En un sistema educativo que todavía arrastra rezagos profundos desde la pandemia, cualquier reducción del tiempo en las aulas representa un golpe adicional para millones de estudiantes.

El problema no es únicamente que se suspendan clases antes de tiempo; el verdadero debate es qué mensaje envía esta decisión. Resulta preocupante que el argumento del Mundial aparezca entre las razones principales para considerar el cierre anticipado. La protección ante las olas de calor puede ser legítima y necesaria, especialmente en estados donde las temperaturas alcanzan niveles extremos, pero mezclar esta medida con la organización de un evento internacional alimenta la percepción de que nuevamente las prioridades gubernamentales están enfocadas en intereses externos antes que en el bienestar educativo del país.

Aunado a lo anterior se hace evidente la falta de planeación pues la elección de México como sede del Mundial se conoce desde años atrás y pareciera que recién hay que implementar acciones logísticas que aminoren el impacto de miles de visitantes y extranjeros que para más de una figura pública serán la prioridad de la agenda pública.

La molestia social también surge porque parece ignorarse la realidad cotidiana de miles de familias mexicanas. Tres meses prácticamente completos sin actividades escolares representan una carga enorme para las personas cuidadoras, especialmente para las mujeres, quienes históricamente asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de crianza. Muchas madres trabajadoras tendrán que resolver quién cuida a sus hijas e hijos mientras ellas cumplen jornadas laborales. Otras simplemente no contarán con opciones, lo cual profundiza en desigualdades ya existentes.

En ese contexto, el gobernador Samuel García reaccionó rápidamente al anunciar apoyos dirigidos a madres y padres de familia para enfrentar el posible cierre adelantado. Más allá de simpatías políticas, el gesto evidencia que sí es posible pensar en medidas complementarias para proteger a la infancia y acompañar a las familias. Sin embargo, también deja al descubierto otro problema estructural: la desconexión entre los distintos niveles de gobierno. Mientras la federación lanza propuestas ambiguas, los estados intentan responder sobre la marcha a escenarios que ni siquiera han sido oficialmente definidos.

La educación mexicana ha atravesado demasiados cambios en pocos años. Primero fue la interrupción provocada por la pandemia; después vinieron modificaciones curriculares, debates ideológicos sobre los nuevos libros de texto y ahora posibles recortes al calendario escolar. Cada transformación se presenta como urgente o necesaria, pero pocas veces se construye con una visión de largo plazo que coloque realmente al estudiante en el centro.

La discusión debería ir más allá de si las clases terminan en junio o en julio. Lo verdaderamente importante es preguntarnos qué tipo de educación queremos sostener en medio de crisis climáticas, cambios sociales y presiones políticas. ¿Verdaderamente queremos avanzar en este tema? O es más conveniente un país con los estadios llenos, las pantallas prendidas y las aulas vacías.