Para elegir magistrados y jueces

Xalapa, Ver. 03 Agosto 2026.- La Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales una Iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz y armonizarla con el marco constitucional vigente en materia de elección popular de magistradas, magistrados, juezas y jueces, suscrita por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con sus iniciantes, este proyecto se concentra únicamente en las funciones orgánicas que corresponden al Poder Judicial y desarrolla disposiciones indispensables para la integración y renovación de las presidencias de los órganos jurisdiccionales, la adscripción posterior a la toma de protesta, la evaluación inicial del desempeño, las licencias, las ausencias definitivas, las vacantes, las renuncias y la comunicación oportuna de los cargos sujetos a elección.

Aclaran que la iniciativa no crea autoridades distintas de las constitucionalmente reconocidas, no atribuye funciones electorales a órganos judiciales y no sustituye las competencias que corresponden al Congreso, al Organismo Público Local Electoral o al Tribunal Electoral de Veracruz.

Su finalidad, precisan, consiste en establecer reglas claras sobre los actos administrativos y orgánicos indispensables para ejecutar la elección judicial, proteger la continuidad en la impartición de justicia y evitar vacíos, duplicidades o decisiones discrecionales. Con ello, las diputadas y los diputados buscan fortalecer la seguridad jurídica tanto de las personas participantes como de las autoridades que intervienen en la preparación, calificación y ejecución de los resultados electorales.

Suman a esto que no se trata de crear nuevos órganos permanentes, plazas, fondos, remuneraciones ni unidades administrativas. Las actividades de evaluación, adscripción, registro, comunicación, publicación y actualización serían realizadas por las estructuras existentes, dentro del ámbito de sus atribuciones y con cargo a los recursos humanos, materiales y presupuestales previamente autorizados.

Las y los proponentes consideran que este diseño permite una implementación ordenada, austera y funcional del nuevo modelo judicial, sin comprometer la continuidad del servicio público de impartición de justicia. Al mismo tiempo, fortalece la transparencia, la profesionalización, la rendición de cuentas y el respeto a la voluntad ciudadana, mediante procedimientos claros que pueden ejecutarse sin generar, por sí mismos, una ampliación de la estructura presupuestal del Poder Judicial.