Xalapa, Ver. 17 Septiembre 2026.- La LXVII Legislatura aprobó el Decreto por el que se crea en la Contraloría Interna del Congreso del Estado la Subcontraloría de Garantía de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y establece atribuciones específicas a cada una de las subcontralorías.

El Dictamen, suscrito por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, deriva de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, ambos del estado de Veracruz, en materia de transparencia y garantía de acceso a la información pública.

El proyecto aprobado, que obtuvo 41 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, actualiza las funciones de la Contraloría Interna para dotarla de las facultades y atribuciones que corresponden al marco jurídico vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como las disposiciones reglamentarias que rigen a la Contraloría Interna, específicamente respecto a su estructura orgánica y las atribuciones de cada subcontraloría.

Las comisiones dictaminadoras estiman que la reestructuración de las áreas de la Contraloría Interna, elevándolas a subcontralorías con funciones específicas, delimitadas y especializadas, resulta jurídicamente congruente con el orden legal vigente en la materia, control interno y responsabilidades administrativas.

Dicha reorganización –aseguran- no solo fortalece la autonomía técnica y de gestión de la Contraloría Interna, sino que también garantiza una distribución clara de competencias que evita duplicidades, asegura la especialización de las funciones y permite un ejercicio más eficiente, ordenado y transparente de las atribuciones que le corresponden como autoridad garante local.

Esto incluye la creación de una subcontraloría y la actualización de la denominación y atribuciones de las tres subcontralorías ya existentes. De este modo, para su funcionamiento, la Contraloría Interna contará con cuatro subcontralorías: de Quejas, Denuncias e Investigación; de Responsabilidades Administrativas y Substanciación; de Normatividad, Auditoría y Control y de Garantía de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La delimitación de funciones desarrollada en el Dictamen se basa en los principios de legalidad, especialización, eficiencia y rendición de cuentas que rigen la función pública y permite a la Contraloría Interna ejercer de manera plena e integral las atribuciones que le corresponden tanto en materia de control interno como en su carácter de autoridad garante.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Lucía Begoña Canales Barturen afirmó que esta reforma responde a la necesidad de mantener actualizado y plenamente operativo el marco normativo interno del Poder Legislativo. “Esta reestructuración evita la duplicidad de funciones, fortalece la rendición de cuentas, institucionaliza una vía ágil y técnica para asegurar que el ejercicio de los recursos y la información que genera este Congreso se encuentra siempre transparente y en orden. Ése es nuestro deber de cara a la ciudadanía.

“Aprobar este dictamen nos permite consolidar una estructura interna moderna, eficiente y apegada a los principios de legalidad y disciplina financiera”, aseveró la legisladora.

El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez expuso las razones del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para respaldar esta reforma. Advirtió que las decisiones de este Congreso deben sujetarse a procedimientos públicos y respetar las atribuciones de la autoridad. En ese sentido, “nuestro compromiso comprende también el respeto a la autonomía técnica con la que deberá ejercer sus funciones la persona que sea designada”.

A su vez, la legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), precisó que el verdadero desafío de esta reforma comenzará con su aprobación, “porque ninguna estructura administrativa garantiza por sí sola la transparencia. La diferencia la hará su funcionamiento; que las solicitudes se respondan, que los recursos se resuelvan, que las auditorías tengan consecuencias, que las denuncias se investiguen, que los datos personales se protejan y que la ciudadanía pueda saber qué hacemos con los recursos y con la responsabilidad que se nos ha conferido”.

El legislador Héctor Yunes Landa dijo oponerse a “cualquier cosa que se haga que tenga que ver con la opacidad”, posición que expresó como una convicción personal y política.