Facultarían al Congreso para supervisar transferencias a municipios

Dip. Deisy Juan Antonio

Xalapa, Ver., 18 de julio de 2019.- La diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversos artículos a la Ley Número 24 para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, para que el Congreso del Estado verifique si los ayuntamientos que soliciten transferencias, cuentan con las condiciones financieras, administrativas y operativas para prestar el servicio de calidad.

La legisladora del Distrito XXVII de Acayucan, indicó que el Estado tiene el deber jurídico de garantizar a los ciudadanos el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En este sentido, dijo que el Gobierno del Estado a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se ha enfocado a brindar los servicios referentes a la administración del vital líquido en 68 municipios. La CAEV, ha logrado que a través de las oficinas operadoras, tengan finanzas aceptables, infraestructura en tanques, pozos, cárcamos de bombeo, red de distribución en general, con inversión en infraestructura y capacitación del personal a efecto de garantizar a la ciudadanía su derecho humano al agua a través de un sistema sustentable.

No obstante, hay ayuntamientos que solicitan la municipalización del servicio de agua potable y saneamiento, pero al no contar con recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, necesarios para la administración y operación de las oficinas, las devuelven al Gobierno del Estado con quebrantos administrativos y operativos.

Como por ejemplo, dijo que en el servicio público en el que incurren los municipios y demás organismos operadores particulares del sistema de agua, entre ellos el Grupo Más en el Puerto de Veracruz, van en perjuicio de la población y vulneran el derecho humano.

En este contexto, explicó que si bien es cierto que la Ley Número 24 prevé la posibilidad de transferir a favor de los municipios los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es necesario que el Congreso del Estado, verifique antes de otorgar autorización de transferencia, si los municipios solicitantes cuentan con las condiciones financieras, administrativas y operativas para prestar el servicio.

Además, el Poder Legislativo debe verificar la legítima concesión del agua de la fuente de abastecimiento, mismos que deberán acreditar mediante documentación oficial y demostrar que está autorizado a favor de los municipios que soliciten la transferencia.

Considerar la capacidad técnica, económica u operativa para brindar dicho servicio; así como la responsabilidad para administrar correctamente los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; esto es, que no soliciten la transferencia de manera caprichosa o ventajosa.

Lo anterior con la finalidad de que los municipios, eviten generar deuda en perjuicio del Gobierno del Estado, con motivo de alguna transferencia y amparar a los municipios que no cuentan con fuentes de abastecimiento, evitando que éste prive del vital líquido a los municipios que dependen de esa fuente de abastecimiento, y que los municipios privaticen el servicio de agua y causen afectación y/o limitación a la población y que sean particulares quienes administren el agua.