Columnas

Revocación de mandato

Raúl Contreras Bustamante

La democracia directa se concibe como la participación del pueblo sin intermediación alguna de partidos o candidatos. La doctrina incluye, dentro de los instrumentos de democracia directa, la revocación del mandato, que es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido.

Mediante una reforma a la Constitución en diciembre de 2019, se incorporó en el artículo 35 fracción IX —entre los derechos de la ciudadanía— la figura de la revocación de mandato del Presidente de la República.

Los artículos transitorios de la enmienda constitucional señalan que el Congreso contaba con un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto para expedir la ley reglamentaria, y dicho plazo concluyó en marzo del año pasado.

Con los plazos fenecidos, se buscó de manera infructuosa convocar a la celebración de un periodo extraordinario para tratar de sacar adelante la ley, pero es muy probable que en la agenda de la próxima Legislatura se incorpore de manera prioritaria su procesamiento.

La Constitución establece que la revocación se podrá solicitar en una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, y que deberá hacerse a petición de, al menos, el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal que vivan en, por lo menos, 17 entidades federativas.

Aunque no se observa que exista una corriente política o ciudadana que desee la remoción del Presidente de la República, está dentro de las prioridades gubernativas propiciar que el mecanismo se ponga en marcha. Existen voces que han querido ver en la revocación del mandato más bien una ratificación del mismo.

Por tratarse de una determinación del poder constituyente permanente la elaboración de una ley reglamentaria, se considera indispensable su promulgación para que el INE pueda proceder a su organización.

El Congreso General deberá ser muy cuidadoso en la confección de una ley de esta naturaleza, pues la estabilidad política de nuestro país está de por medio.

El artículo 84 constitucional ordena que —en caso de revocarse el mandato— deberá asumir el cargo quien ocupe la Presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes será el propio Congreso el que tenga que nombrar a quien concluirá el periodo constitucional.

Tampoco existe una ley reglamentaria para regular cómo debería operar el Congreso General en el ejercicio de las funciones extraordinarias para actuar como Colegio Electoral.

Se supone que quien estuviera presidiendo al Poder Legislativo y fuese investido como presidente interino —en tanto se elija al presidente sustituto— debería dejar el encargo y primero habría que reemplazar a él mismo. No hay procedimiento alguno previsto para elegir Mesa Directiva, hacer terna o seguir algún sistema para que los diputados y senadores —en conjunto— puedan elegir al Presidente que deba concluir el sexenio. Es decir, un proceso que puede generar inestabilidad política, gran efervescencia e incertidumbre.

Recordemos que desde el mandato de Lázaro Cárdenas

—hasta nuestros días— todos los presidentes llegaron al encargo mediante elecciones, han terminado su mandato y han entregado el poder de la misma forma. Es un caso de continuidad política único en todo nuestro continente.

Resulta no sólo conveniente, sino hasta indispensable, dotar de seguridad jurídica al país y evitar que este instrumento de democracia directa pueda llegar a originar una crisis política de consecuencias impredecibles.

Como Corolario la sentencia de Giovanni Sartori: “Es necesario tener en cuenta que las elecciones también pueden matar una democracia”.

(Excélsior 28 08 21)